Guarda con los "desarrollistas"

Por Danilo Castelli

El viernes 23 de marzo los vecinos que fuimos al Foro Urbano Ambiental que discutió el tema de las torres en altura le dijimos un fuerte NO a la prepotencia de algunos empresarios malacostumbrados a que el Estado les deje hacer lo que quiera en nombre del "progreso".
 
Ellos y las instituciones profesionales relacionadas al negocio de la construcción (que actualmente les responden por tener direcciones genuflexas, si no socias) sufrieron un duro golpe ese día. Realmente no se esperaban una ciudadanía tan comprometida y madura a la que no pudieron intimidar con sus amenazas acerca de la fuga de inversores ni entrampar con sus falacias sobre que poníamos en peligro fuentes de trabajo. Pero eso no significa que hayan recapacitado. Al contrario, han seguido operando y presionando para que no se reforme el Código de Edificación en el sentido en que quieren los vecinos.
 
Más del 60% de los presentes el 23 de marzo votamos en la encuesta por la no aprobación de más torres en el área céntrica, mientras el resto se dividió entre la aprobación indiscriminada y la aprobación condicionada. Estos sectores corporativos pretenden cargarse esa expresión de voluntad popular tratándonos de desinformados, hippies, y partidarios del atraso. No se lo permitamos.
 
Quienes somos carlospacenses por nacimiento o por elección y queremos que nuestros hijos puedan vivir en una ciudad con un ambiente sano y una urbanización planificada vamos a tener que estar atentos ante las maniobras de estos sectores. No perdamos de vista el debate sobre la cuestión torres en el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) y en el Concejo de Representantes. Cuando sea hora de asistir a una audiencia pública, participemos. No es muy alocado pensar que esta vez ellos traten de copar esa audiencia. Demostrémosle con hechos que el bienestar de la comunidad se defiende sobre el lucro de unos pocos.

¡Basta de exenciones para unos pocos!

Por José Casas

Hace pocos días el concejal por CPU Norberto Luraschi, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos del cuerpo legislativo, dijo a la prensa que ya se encuentra listo el proyecto de ordenanza que planteará una exención del 100 por ciento del pago de aforos de planos para hoteles de 4 y 5 estrellas, y para aquellos establecimientos que amplíen sus instalaciones. De esta forma, la actual propuesta representa una modificación del proyecto original del Ejecutivo, tras los debates planteados con el área económica del municipio y la entidad hotelera.

Habiendo ingresado para su tratamiento legislativo, poco o nada más se ha dicho sobre la disposición, que en los hechos representaría la tercera medida de exención impositiva de la actual gestión de gobierno. Paradójicamente, el beneficiado sería nuevamente un sector económico muy importante con presencia dominante en el campo turístico: el hotelero (antes, los empresarios teatrales). Todo ello, además, contextualizado tras la suba de un 30 % de impuestos para toda la población carlospacense aprobada para el ejercicio 2012.

Este contraste es, justamente, el que nos ha llevado desde hace algún tiempo a preguntarnos: ¿cuáles son los argumentos que justifican medidas de alcance tan desigual? En artículos ya publicados, hemos analizado el discurso oficial, donde hemos visibilizado la vigencia de la teoría neoliberal del derrame como base argumental sobre la que se sostienen estos proyectos impositivos. Sin embargo, y sin que se hayan expresado voces desde el gobierno local tendiente a rebatir este análisis, todo parece seguir igual tras conocerse la futura aprobación de esta exención impositiva a los hoteleros. Y es aquí donde nos detendremos a reflexionar sobre otra de las fundamentaciones muy comúnmente naturalizadas que justifican este tipo de acciones: el dinero de los hoteleros, en vez de pagar impuestos, se invierte en sus establecimientos para mejorar la calidad del servicio que ofrecen. No nos centraremos esta vez en el argumento del derrame que se esgrime como consecuencia de esta medida, sino en el punto causal de la misma: ¿de quién es el dinero que la ley fija como bien impositivo?

Lo primero que hay que decir es que el dinero que paga un hotelero por tasas impositivas municipales, como lo hace cualquier vecino, no es de él, sino del Estado municipal. Al momento de que la ley establece que ese monto de lo que obtiene por su actividad debe ir a parar a las arcas del municipio, ya no le pertenece como bien patrimonial. Por ende, cualquier disposición sobre el mismo afecta directamente a su verdadero propietario (el Estado municipal).

Cuando los poderes del Estado local deciden que esos dineros que le corresponden, que por su naturaleza son públicos (es decir, de todos), sean destinados a su anterior poseedor, lo que se está produciendo es un proceso de TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL ESTADO AL SECTOR PRIVADO. Esos dineros, que le corresponden al conjunto de la sociedad, son girados de nuevo pero en beneficio de un determinado sector que, esgrimiendo teorías económicas que causaron la peor crisis social de nuestra historia durante la década de 1990 y principios de la siguiente, tratan de hacernos creer que va a ser una medida que nos terminará beneficiando por efecto derrame a todos. En ese trayecto, mientras tanto, menos fondos monetarios ingresan al Estado, lo cual le resta capacidad para atender las demandas de los ciudadanos, como educación, salud, justicia, trabajo, etc.

Por ello, de continuar esta tendencia en las medidas impositivas del actual gobierno local, el efecto final de este proceso -que gracias al estudio de nuestra historia reciente podemos avisorar- desembocará en una doble consecuencia: la mayor concentración del ingreso a favor de los que más tienen, la cual se afianzará en relación inversa y proporcional a un aumento de la regresión redistributiva en perjuicio de los sectores populares de la ciudad.

Por estas razones, debemos decir ¡basta! a la desviación de fondos públicos en beneficio de unos pocos, que vaya casualidad son los más poderosos económicamente de nuestra sociedad. Si quieren o necesitan invertir que lo hagan con sus ganancias, como lo hace cualquier otro vecino. No olvidemos que las exenciones impositivas se utilizan en regiones donde no hay ningún tipo de potencialidad natural que posibilite un desarrollo sostenible de una comunidad; son medidas excepcionales que se dan en casos excepcionales, y nuestra ciudad está lejos de necesitar esto. Lo que necesitamos es que haya un modelo económico más diversificado, que posibilite trabajo estable y seguro durante todo el año y no dependamos de dos meses de temporada, mientras vemos cómo sobrevivimos el resto del año. Esto no se soluciona concentrando más la riqueza que produce nuestra sociedad, sino todo lo contrario: posibilitándole a los que menos tienen la oportunidad de alcanzar la ciudadanía social y económica que le dé sentido y sustento a la débil democracia que tenemos. Y una de esas herramientas más eficaces para alcanzar esta meta puede ser la de establecer una estructura fiscal progresiva, donde los que más tienen paguen más y quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad cuenten con más recursos para acceder a todos los derechos que constitucionalmente le están garantizados. Y esta opción es cada vez más ineludible, porque de seguir así el Estado municipal democrático nos seguirá pareciendo más una fachada que una realidad; como si se tratara de un Estado mínimo, que a costa del sacrificio de muchos pareciera tener como último fin asegurar el bienestar de unos pocos.

Las consecuencias anti-sociales de la pacatería sobre la prostitución

Por Danilo Castelli

Vengo de una charla que se hizo esta noche (organizada por el Ejército de Soñadores) sobre la nueva ley "contra la trata". Expusieron Liliana Montero legisladora provincial por el Frente Cívico, Carlos Vicente asesor jurídico del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, y Eugenia Aravena secretaria general de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) en Córdoba. De las exposiciones y el debate que siguió saco las siguientes reflexiones.

La "ley de trata" de Unión por Córdoba, aprobada por una Legislatura con mayoría levanta-manos, es un síntoma más de la política delasotista de hacer sacar leyes sobre temas sensibles (siempre guiándose con encuestas) en el marco de su proyección presidencial. Esta ley está lejos de desbaratar las redes de trata (que no podrían existir sin la complicidad de políticos, jueces y comisarios); su único efecto práctico es cerrar whiskerías y cabarets y empujar a las prostitutas más profundo en el mundo de la ilegalidad, a la merced de las mafias.

En Argentina hay una gran hipocresía social y política sobre el tema de la prostitución. El "abolicionismo" del Estado argentino funciona en los hechos como prohibicionismo, porque para para abolir efectivamente la prostitución es preciso eliminar o por lo menos reducir bastante las razones que llevan a una mujer o una persona trans a optar por la prostitución como estrategia de supervivencia: exclusión social y discriminación. El estigma moral que pesa sobre las prostitutas, a su vez, agrava aun más esta situación de exclusión social y discriminación. A esto hay que sumarle el hostigamiento permanente que reciben por parte de la policía las mujeres y trans que se prostituyen independientemente. Este hostigamiento las empuja a hacerse explotar por proxenetas a cambio de "protección". Exclusión social, discriminación, estigma moral, abuso policial, y reforzamiento del proxenetismo: estos son los únicos méritos del "abolicionismo" argentino (y lamentablemente algunas feministas "abolicionistas" le hacen el juego).

Quienes ponen un signo igual entre prostitución y esclavitud sexual no dicen o no tienen en cuenta que la trata de personas también se hace para la esclavitud laboral en minas o en talleres textiles clandestinos, y sin embargo a nadie se le ocurriría asociar trata de personas con minería o con la industria textil. Quienes mezclan trata de personas con prostitución están contribuyendo a invisibilizar la trata de personas para otros fines y en vez de aportar claridad aportan moralina.

Quienes se indignan con que las prostitutas se agremien y exijan ser tratadas como trabajadoras sexuales, contribuyen a reforzar el estigma social que pesa sobre las prostitutas (que, como dijo Eugenia, tienen que estar pidiendo perdón por existir todos los días) y son funcionales a quienes quieren seguir excluyendo su voz y voto de las políticas públicas que se les aplican. Quienes consideran a las prostitutas como víctimas que necesitan que las rescaten, están cayendo en una "discriminación positiva" y así impiden que sean consideradas como personas autónomas y sujetos de derecho.

Acepto que moralmente puede hacer algo de ruido considerar a la prostitución como trabajo, pero hoy no creo que haya una alternativa superadora para crear un marco legal que proteja a las personas que optaron por esa estrategia de supervivencia. AMMAR no fomenta la prostitución y es más: tiene programas propios para prostitutas que quieren dejar de serlo. Esos programas se los bancan ellas sin ayuda ni del Estado ni de las ONGs que se rasgan las vestiduras cuando escuchan o leen las palabras "trabajo sexual".

Apoyo la decisión del ejecutivo municipal y de algunos concejales de no adherir a esta estúpida ley provincial (que para colmo extiende las facultades represivas de la policía provincial y el anticonstitucional código de faltas, que es una legislación de apartheid), apoyo la gestión de AMMAR para una ley nacional que acabe de una buena vez con las injusticias derivadas de la hipocresía, y es necesario que se hagan muchas más actividades concientizadoras como ésta, pues vivimos en una cultura muy enferma de prejuicios e ignorancia (y sobre todo ignorancia voluntaria, no ignorancia por falta de medios).

Por último, también creo necesario reflexionar, como lo dijo la última vecina que habló, que esto sucedio porque De la Sota tiene una mayoría parlamentaria que le vota lo que quiere. El ex intendente Carlos Felpeto, siendo legislador de la UCR por Punilla, también votó a favor de este mamarracho. Estoy a favor de que la gente aplique más inteligencia a la hora de votar, pero esto también requiere construir una nueva alternativa política o reforzar las que ya existen.

Periodismo e ideología

Por José Casas

Cuando se habla de ideología en comunicación social, un tema central es definir cuál es el concepto a partir del cual se entiende la información. En el caso de aquellos que sostienen que ésta es una mercancía, no caben dudas de que su adhesión ideológica esté relacionada con los tipos de pensamiento que promueven, por ejemplo, la hegemonía del mercado como mecanismo de resolución de las problemáticas sociales. En el lado opuesto, quienes defendemos la idea de que la información es un bien social sabemos que ello implica un compromiso de construcción y difusión democrático de la misma, donde lo monetario no determinará la agenda que guiará nuestra actividad periodística.
Ahora bien, en una de sus últimas ediciones el semanario Bamba ha puesto en tapa un debate sobre el periodismo local, bajo el siguiente título: “Día del Periodista: Informar y/o vender”. Hace tiempo que sabemos que hay varios comunicadores de nuestra ciudad que han hecho toda una carrera en base al segundo de los postulados, aunque –por lo menos de mi parte- nunca los había escuchado confesarlo tan crudamente…
Hasta hoy.
El conductor Ricardo Bissio, entrevistado por El Bamba, expresó que los candidatos a intendente en las últimas elecciones llevadas a cabo el año pasado tuvieron la posibilidad de hacer escuchar sus propuestas en su programa, siempre y cuando hubiesen llegado a un arreglo comercial con él: «Todos tienen compromisos directos o indirectos. En las campañas fueron todos a mi programa menos Curvino porque no llegamos a un arreglo comercial.” (ver: http://www.elbamba.com/secciones/interes-general/dia-del-periodista-informar-yo-vender/). Lo más curioso del caso, es que siguió diciendo: “La gente sabe que no tengo preferencia por ningún partido, trato de ser imparcial.” De esta manera, la imparcialidad bissiana entra en el difuso límite que trata de imponer el mercado que él mismo cree dominar, donde lo imparcial está dado entre quiénes sí ponen el dinero para ser escuchados. Y es aquí donde justamente entra a jugar lo velado de su parcialidad, pues al definir que el dinero fija el derecho de quienes quieren que se conozcan sus propuestas, es claramente parcial en cuanto le quita la posibilidad a aquél que no puede o no quiere llegar a un acuerdo semejante.
Pero eso no es todo. Antes de haber respondido con estas frases, había anticipado “mantenerse aislado de ideologías y «decir lo que quiere»”. Como lo hemos expuesto anteriormente, su accionar forma parte de una concepción ideológica que, por no ser explicitada, no quiere decir que no esté presente e incorporizada. En ese campo, su lógica mercantil de la información le permite creer que dice lo que quiere decir, porque es él y no el auspiciante el que impone las reglas de la relación comercial y periodística. Por ende, lo que trata de hacer aparentar como imparcialidad no es otra cosa que un acto de claro posicionamiento, donde fija parcialmente y de acuerdo a sus intereses qué, cómo, cuándo se va a decir lo que él quiere que se diga o se haga escuchar.

¿Quién domina a quién?
El pensamiento de Bissio nos ayuda a entrar a uno de los principales problemas que enfrentan los comunicadores locales: la independencia a la hora de fijar contenidos con respecto a los auspiciantes privados y públicos. En sintonía con Bissio, Santiago Solans, de El Diario, hace referencia a que su medio ha logrado “cierta independencia económica que permite articular, ampliar el esquema donde se juega […].” También en ese sentido parece expresarse Jorge Perea, conductor y productor de VCP Hoy, al afirmar que hay casos en que se decide que el contenido esté determinado por negocio o por la pauta pública, pero que no es su caso. En todos estos casos, los entrevistados dejan entrever que la precariedad de muchos emprendimientos hace que los mismos estén expuestos por la pauta publicitaria a condicionar los contenidos que dan a conocer, mientras que ellos, debido al éxito comercial que tienen, disfrutan de esa supuesta independencia económica que los libra de ciertas influencias de políticos o empresarios. Es decir, repiten el mismo concepto de Bissio: el éxito comercial los pone a resguardo de cualquier influencia económica o política, siendo la mejor garantía de su libertad para expresarse como quieran.
Más allá de todos los debates que pudiesen surgir de estas definiciones, hay algo que no retrotrae al título que impulsa el informe de El Bamba: al lograr la independencia económica, estos medios ¿informan o venden? Como dije al principio, el primer postulado hace referencia al compromiso social con la información; en el segundo, prima ésta como una mercancía a ser comercializada. En el caso de Bissio, sus palabras lo llevan a confesar que lo monetario fija su agenda informativa. En los otros surge la pregunta cuando accedemos a sus medios y observamos “notas chivos” donde, por ejemplo, nos muestran una entrevista a algún arquitecto de un futuro edificio al que la mayoría nunca vamos a tener la posibilidad de adquirir lo que ofrecen. En este contexto, es que nos preguntamos: ¿cuál es la importancia social de lo que se nos muestra a través de este tipo de noticias? Por supuesto, ninguna para la mayoría, pues el verdadero interés radica en la venta de esa información, porque en gran parte de lo que se trata es de conseguir del beneficiado por su difusión pública un futuro acuerdo publicitario. Mecanismo sutil, velado, invisibilizado de varias formas, pero que suele llegar en determinados casos a su más violenta expresión: la extorsión. ¿O cuántos comunicadores de la ciudad van a negar los ejemplos que conocen de medios que, para obtener una jugosa pauta publicitaria del municipio, indagan, escarban, manipulan y difaman a los funcionarios de turno (lo que la jerga periodística llama “pegar”) para negociar en las mejores condiciones posibles? Una vez logrado el objetivo, las tapas y editoriales cambian el eje y el tenor de sus miradas, volviéndose las mismas más contemplativas y concordantes con la acción gubernamental. Y, paradójicamente, es esto lo que nos quieren vender como la independencia que tienen a la hora de escribir y opinar. ¡Claro, si ya el consenso quedó establecido a través del mecanismo publicitario! Una vez que se paga, todo discurre por la aparente ilusión de que lo que decimos es lo que se nos antoja, mientras la autocoacción termina de hacer el resto. Para ellos, pues, la realidad que construyen –pero que muchos de ellos niegan que lo hacen, pues nos quieren hacer creer que “reflejan” una realidad única e inmutable- pasará por la buena acción del gobierno, lo beneficioso del nuevo edificio de veinte pisos a estrenar, las carteleras de teatros que vendrán en el verano, lo importante que son los proyectos de nuestros concejales, los detalles de algunos comicios vecinales que no salieron del todo bien, etc., etc. Lo malo, eso sí, provendrá de quienes se hayan atrevido a no darles ningún aporte financiero: ese funcionario que no los recibe, esa institución que no acepta pauta publicitaria, o ese político con el que nunca se puede acordar nada.

La falsa máscara del periodismo independiente
Pero así como el periodismo que vende información lejos está de actuar con independencia de criterios, también lo estamos quienes adscribimos al compromiso social con la información. Justamente, porque definimos a dónde vamos (la construcción de una sociedad justa para todos), es que no escondemos qué intereses nos mueven. El dinero, necesario para el sostenimiento de cualquier emprendimiento de este tipo, sólo sirve para eso: es un medio, pero nunca el fin último de lo que hacemos. Porque, en definitiva, lo que no existe es la independencia de criterios, sino la adhesión a cierto postulado ideológico, al cual adherimos de manera consciente o inconsciente. El hecho de que determinado medio puede ajustar su opinión o selección de contenidos a alguna/s pauta/s publicitaria/s no lo hace menos dependiente que otros que se golpean el pecho para, según ellos, decir lo que se les antoja. Todos, de un lado o del otro, estamos condicionados en lo que pensamos, decimos y/o hacemos, a través de múltiples y complejos mecanismos que operan de forma imperceptible, ayudándonos a construir una madeja de significados que nos permiten interpretar los hechos de la manera que más nos conviene –aún a costa de mentirnos hasta nosotros mismos- a fin de mantener un determinado estatus o posicionamiento dentro del campo periodístico.
En el caso de quienes venden información, sus principales adalides nos quieren hacer creer que por ser su objetivo último lo económico son independientes de lo político. Sin embargo, cuando construyen la información, seleccionan lo que se les antoja difundir, y opinan de todo lo que quieren opinar, no están haciendo otra cosa que política, porque detrás de todo eso hay una forma de ver, entender y practicar la vida. Y eso, precisamente, se llama ideología, la matriz de la política misma. ¿O van a decir que una mesa de café, en un medio autodenominado independiente, no es un hecho político, cuando opina e influye en la construcción de una determinada opinión pública?
Ya es hora de dejar atrás ese viejo y nefasto concepto del periodismo independiente, que aparece una y otra vez en forma subrepticia en muchos debates y análisis acerca de los problemas que afectan a la profesión. De allí que el dilema no sea informar y vender, sino informar o vender. Porque el periodismo, como todo otro oficio, se basa en una finalidad social, que no por esto deja de tener en cuenta el aspecto económico; se puede ganar más o menos dinero, pero nunca dejar de ser lo que se es. Cuando algunos anteponen el dinero al mandato de la profesión, lo que nos quedan son mercenarios de su información, que antes que periodistas bien vale llamarlos propagandistas. Se trata, en resumen, de una cuestión ética, la misma que empuja a los médicos a hacer su juramento hipocrático, en donde ponen su capacidad al servicio del bien común antes que cualquier apetito egoísta. El control de la información no es una cuestión inocua; puede movilizar a grandes cantidades de ciudadanos tras un ideal, y con ello controlar la vida misma de quienes reciben ese flujo de datos, opiniones y análisis.
Hoy, más que nunca, no podemos seguir mirando a otro lado, evitando nuestras responsabilidades como comunicadores sociales. Podemos tener distintas visiones, distintitas ideologías, pero no podemos mostrarnos indiferentes a lo que pasa. El periodista es también un ciudadano, pero para hacerle nombre a ese título tiene que conjugar lo mejor del mismo: pensamiento crítico, honestidad, responsabilidad y cientificidad en los argumentos. Ser independiente no puede significar nunca ser apolítico, estar “afuera” de lo que pasa a su alrededor, porque, como decía Rodolfo Walsh, independiente es sólo un club de fútbol.

Las acciones de EPEC fomentan la discordia entre los vecinos de Punilla

Las respuestas que EPEC ha dado respecto a los cortes del servicio eléctrico que están ocurriendo en estos días en Tanti, en San Antonio de Arredondo, y en algunos barrios de Villa Carlos Paz (como Villa del Lago) parecen contextualizarse en una ofensiva de la empresa por desarticular y deslegitimar la lucha de los vecinos del sur de nuestra ciudad y neutralizar cualquier intención autónoma de nuestro Municipio que se interponga en sus planes. Los cortes de servicio suelen ser justificados con la frase “necesitamos habilitar la planta”, en relación a la subestación construida ilegalmente en el ejido de San Antonio, colindante con el barrio Sol y Río.

La estrategia parece ser generar animosidad entre vecinos y cercar políticamente al gobierno de Esteban Avilés. Esto último lo podemos deducir de las últimas declaraciones del Intendente de Tanti, Luis Azar, en diario “El Chelco” de esa localidad: “El problema de Tanti radica -dijo Azar- en que la empresa tiene planificado terminar una obra en San Antonio de Arredondo, donde nuestra localidad sería una de los principales beneficiarios, o sea va a dejar se ser perjudicada, por que nos van a dar luz a través de un tendido de red por Cabalango, haciendo un by pass con Villa Carlos Paz y Villa Santa Cruz del Lago. Pero el gobierno de Villa Carlos Paz no quiere que se haga, fundamentalmente por problemas ambientales” (www.diarioelchelco.com).

Aparentemente, EPEC está tratando de utilizar las legítimas demandas energéticas de los vecinos de Tanti para que el Municipio de esa localidad presione al Municipio de Villa Carlos Paz para que éste no ponga ningún obstáculo a los planes de la empresa.

Mientras tanto, el pueblo madura…

En el Congreso de la Nación ha tenido lugar este lunes 11 de junio una audiencia pública para el tratamiento de una ley sanitaria que legisle sobre contaminación electromagnética. Otros barrios en el país han tenido el mismo problema que Sol y Río: el establecimiento de una subestación reductora sin ningún tipo de consulta a la población circundante, violando la ley nacional del medio ambiente en su principio precautorio. A raíz de dicha audiencia pública se ha formado la Red de Pueblos Irradiados, que pretende coordinar nacionalmente los esfuerzos por dar a conocer la problemática de la contaminación electromagnética, negada por compañías eléctricas y funcionarios cómplices.

Este lunes 11 de Junio del 2012, en Córdoba Capital, ha empezado un histórico juicio contra fumigaciones con agrotóxicos. Este juicio es el resultado de 10 años de lucha de los vecinos del barrio Ituzaingó, sobre todo de las madres y niños de ese barrio que sufren el flagelo del cáncer. ¿Adivinen que? También tuvieron en contra a la inercia cultural y a corporaciones que, en complicidad con algunos medios, quisieron sepultar ese reclamo en una montaña de calumnias. Al igual que a las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Barrio Ituzaingó fueron llamadas “locas”. Hoy, gracias a su digna y constante lucha, las consecuencias del modelo sojero que asola a nuestra patria están en la mira pública.

Saquemos conclusiones

Así como las corporaciones sojeras negaron -y todavía niegan- que las fumigaciones tuvieran relación con las enfermedades del barrio Ituzaingó, EPEC en su momento negó que los transformadores con PCB contaminaran hasta que se demostró lo contrario y hoy instalan sus transformadores con la leyenda “libre de PCB”. Hasta el día de hoy, EPEC sigue negando que las ondas electromagnéticas contaminen, a pesar de que hay estudios científicos reconocidos a nivel mundial que relacionan las ondas electromagnéticas con enfermedades como la leucemia infantil, y a pesar que en otros países los niveles de radiación aceptados en zonas pobladas son mucho menores a los tolerados por la atrasada legislación argentina.

No esperemos a sufrir lo que ha sufrido el barrio Ituzaingó en Córdoba. Los directivos de EPEC están apostando a que actuemos de manera individualista e irracional. Decepcionémoslos. Informémonos críticamente e investiguemos por nuestra cuenta en vez de aceptar como dado lo que recibimos por los medios. No permitamos que las corporaciones como EPEC nos usen como peones contra otros vecinos. La solidaridad y la cooperación por intereses comunes son señales de inteligencia. Seamos inteligentes.

carlospazdespierta@gmail.com

La hipocresía del puritanismo cordobés

Por José Casas

En estos últimos días se acrecentó el debate público acerca del Proyecto de Ley sobre Trata de Personas y Explotación Sexual presentado a la Legislatura por el gobierno de José Manuel De La Sota. Siendo éste un flagelo social que afecta a numerosas mujeres, es sin dudas saludable que las autoridades provinciales se aboquen a dar solución a este gravísimo problema, el cual ha cobrado notable actualidad en parte debido a la lucha emprendida por Mariel Trimarco, madre de Marita Verón, secuestrada y aún hoy desaparecida por causa de los responsables de una red de trata.

Pero lo que es una legítima iniciativa puede, sin embargo, llegar a tener en la práctica efectos que no sólo no logren avanzar en este propósito, sino que además –y esto es mucho más preocupante- es muy posible que se desencadene un agravamiento del problema que se pretende erradicar. Esta última consideración que hacemos parte luego de que se conociera uno de los objetivos de la metodología implementada, el cual tiende a penalizar los lugares donde se ejerce la prostitución: “[…] clausurar en todo el territorio provincial las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, o establecimientos y/o locales de alterne y prohibir la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de los establecimientos mencionados, en toda la provincia.”

Por lo que se puede observar, queda claro la intención del gobierno provincial de asociar el fomento de la trata de personas para fines de explotación sexual con la actividad que se ejerce en sitios que, más allá de sus denominaciones, promueven la oferta de sexo por dinero. Es decir, el proyecto de ley aprobado por la Unicameral no disocia trata de trabajo sexual, lo cual contribuye a criminalizar no sólo a quienes -más allá de cómo se los llame (proxenetas, madamas, etc.)- disponen de la integridad física de aquellos que, en mayor o menor medida, se hallan desprovistos de su libertad de elección y/o movimiento, sino también a quiénes ejercen libremente su elección de comerciar el uso de su cuerpo. De esta forma, al no quedar claro cuál es la relación directa existente entre una y otra cosa, nos permitimos sospechar que, en el fondo, son otras las cuestiones que alientan este tipo de medidas. En efecto, es posible comprobar una cierta avanzada moralista y represiva detrás de una justa causa, abonándose de esta manera un terreno sumamente fértil sobre el que pareciera se quiere construir, en base a la legitimidad de origen de la causa, un determinado consenso para tratar de imponer a la sociedad determinadas pautas, valores e instituciones culturales que deben normativizar y controlar las disposiciones que tomamos sobre nuestros cuerpos. En este sentido, se pretende penalizar una de las formas posibles en que cada individuo puede, siendo natural y jurídicamente dueño de su propio cuerpo, introducirse en los diferentes campos o ámbitos de la sociedad que le permitan obtener recursos a través de la comercialización de su capital más valioso: su estructura corporal.

Varios investigadores han analizado cómo diversos grupos sociales llevan a cabo distintas actividades relacionadas con la comercialización de sus cuerpos. Una de las investigaciones más reconocidas es la que llevó adelante el sociólogo Loïc Wacquant sobre el oficio del boxeador, donde explica de qué forma estos deportistas se insertan en este campo laboral disponiendo de su propio medio de producción –su cuerpo- para obtener los bienes económicos necesarios para su subsistencia -y la de su grupo familiar, si lo hubiere-. Asimismo, esta disposición del cuerpo como mecanismo de obtención de recursos se da en numerosos ámbitos de actividad más allá de lo deportivo; por ejemplo, el campo teatral conocido como “el teatro de revistas” suele emplear a numerosas mujeres, cuyo mayor capital es la constitución de un ideal de cuerpo femenino que, en la medida que logran sobredimensionar aquellas partes del mismo relacionados con el deseo sexual, ello les permite ir captando cada vez más los recursos que pone a disposición el “mundo del espectáculo”. Esto, por supuesto, logra en gran parte explicar el fenomenal negocio de las cirugías estéticas que afecta a esta actividad, las cuales deben entenderse como estrategias de acumulación de capital físico sobre el principal medio de producción que tienen aquellas mujeres que logran, una vez reconocidas como protagonistas de este campo, ser consideradas bajo el estatus de “vedettes”.

Pero, y como ya lo remarcara Emma Goldman -una de las mayores defensoras de los derechos femeninos-, hay formas más veladas –y socialmente aprobadas- de utilizar el cuerpo como medio de ascenso social. Lo estético en sí constituye un valioso capital como medio de acumulación económica, muchas veces más preciado que la capacidad profesional, la experiencia y/o determinados valores asociados a la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad en la obtención de empleos, puestos jerárquicos y/o aprobación de recursos para diversos tipos de emprendimientos. En este punto, Goldman hacía referencia al matrimonio forjado por conveniencia, donde al estar ausente o relegado el lazo afectivo (amor) la decisión de la mujer –en una época donde los derechos femeninos se hallaban ampliamente relegados- estaba directamente relacionada con la posibilidad de alcanzar un determinado nivel de vida sometiendo su cuerpo a dicha institución. Mucho tiempo ha pasado y mucho por suerte se ha avanzado en los derechos de género, pero aún hoy sigue vigente –tanto para mujeres como para hombres- la posibilidad de ofrecer su capital físico como medio de alcanzar una calidad de vida imposible de acceder por diversas vías, sin que ello amerite la sanción social y, en ciertas situaciones, penal –como en el caso actual del gobierno provincial con respecto a la prostitución- de tales prácticas.

Entonces, es aquí donde nos preguntamos: ¿por qué se pretende criminalizar la actividad de quiénes, de forma libre y pública, deciden comercializar el uso de sus cuerpos sin ser forzada/o a ello? ¿Qué otras razones puede haber tras la clausura de aquellos lugares que visibilizan la oferta de sexo por dinero, y que justamente allí es donde mejor se puede ejercer el control sobre la actividad, defendiendo los derechos de quienes ejercen el oficio de la prostitución libremente y reprimiendo a aquellos que se apoderan de los cuerpos de quienes no optaron por esta actividad?

Intenciones últimas

Como vemos, el proyecto elaborado por el Ejecutivo provincial tiene como una de sus máximas aspiraciones la penalización de los lugares donde se materializa de forma visible el comercio sexual. En vista de ello y de los argumentos que se han expuesto, es que uno se pregunta: la criminalización de la prostitución visiblemente ejercida, ¿es un medio para combatir la trata, o bien la lucha contra la trata es un medio para combatir, como fin último, una forma de ejercer la prostitución? Y si así fuese, ¿qué objetivo político último tendría consigo este proyecto?

No hace falta ser un erudito en ninguna ciencia social para darse cuenta que hay numerosos casos en la historia de la humanidad en donde este tipo de sanción penal contra una actividad social relacionada con lo que una literatura puritana ha solido denominar como “vicios” del cuerpo, ha fomentado el agravamiento del problema que supuestamente se quería abolir. No hay que adentrarse tanto en el tiempo para recordar la famosa “ley seca” sancionada en Estados Unidos, que pretendió terminar con el flagelo del alcoholismo. Las consecuencias que tuvo esta medida abolicionista fue el desarrollo de una amplia red ilegal que funcionó gracias a la colaboración entre las mafias y la corrupción política y policial, la que además de no dar ningún tipo de solución al respecto, agravó el deterioro cultural de la sociedad estadounidense.

Pero no sólo hubo ley seca para el comercio del alcohol; también hubo leyes que muchos puritanos norteamericanos lograron aprobar para prohibir las casas de meretrices, en función de resguardar la “salud moral” de la población. También, en este caso, el remedio fue peor que la enfermedad, pues como señala Emma Goldman ello alentó el comercio ilegal y la trata de mujeres para su explotación sexual: “Las pupilas antes relativamente amparadas en los meretricios, por representar ellas cierto valor monetario, se encontraron en la calle como presas indefensas en las manos del policía groseramente codicioso. Desesperadas, necesitando que alguien las protegiera amándolas, les fue muy fácil caer en los brazos de los proxenetas, uno de los productos más genuinos de nuestra era comercial. De ahí que la modalidad social del proxenetismo no fue más que una excrecencia natural de las persecuciones de la policía, de las bárbaras puniciones y el intento siempre frustrado de suprimir la prostitución. Sería absurdo confundir esa faz moderna de los males sociales con esta última.”

Goldman, quien además debía luchar contra los prejuicios machistas que caracterizaban el movimiento libertario, expuso como poco/as las razones últimas de las elecciones que llevaban a cada mujer a optar por lucrar con su cuerpo. De acuerdo a sus argumentaciones, esto era parte del mismo proceso de explotación capitalista, que ofrecía a mujeres en situaciones de fuerte vulnerabilidad mayores dividendos a través de este tipo de actividad que la mísera remuneración que obtenían a través de largas y extenuantes jornadas de trabajo –siempre que se pudiese acceder al mismo-. Para miles y miles de trabajadoras estadounidenses, en una época donde la mujer era considerada como un ser inferior al hombre, su cuerpo terminaba siendo la mejor opción de supervivencia y de alcanzar un mejor nivel de vida. En estos casos, la suerte dependía de lo que más se apreciaba en ella, su capital físico-estético; por ello, las vías posibles de salida de la marginalidad y la precariedad e inseguridad laboral eran el matrimonio o la prostitución institucionalizada.

Esta argumentación, que entiende la práctica del meretricio como estrategia de supervivencia para muchas mujeres que se encuentran en contextos de pobreza estructural, sigue siendo tan actual como en esos tiempos, en medio de una sociedad que, pese al mejoramiento de los índices socioeconómicos en esta última década, sigue siendo en muchos aspectos marcadamente desigual, no sólo a nivel de ingresos, sino también de derechos de género. En este aspecto, y tal como lo demostró un estudio de la Fundación Ciudadanos 365 [ver La Jornada, edición domingo 26/II/2012], en Villa Carlos Paz, por ejemplo, todavía subsisten desigualdades en el acceso a bienes que van en contra de la población femenina: “La tasa de empleo entre los hombres concentra los mayores porcentajes (valores entre 90 por ciento y 95 por ciento) entre los 25 y 54 años, mientras que en las mujeres se los observa (valores cercanos al 70 por ciento) entre los 25 y 49 años.”

Sin embargo, esta relación entre pobreza y prostitución no ha sido tenida en cuenta por el gobierno. Como lo han denunciado las integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en Córdoba, a través de este tipo de medidas el gobierno provincial desconoce a quienes practican la prostitución de forma libre como trabajadoras, en plenitud de ejercer sus derechos como tales. Tal como sostiene el politólogo Eduardo Avalle, “[…] es un sector que se organiza y reclama por sus derechos. Ha expuesto a la sociedad que la prostituta tiene hijos que alimentar, una casa que mantener, tiene horarios laborales, uniformes de trabajo, prácticas sanitarias, condiciones de salubridad, se educa, se forma y organiza como cualquier otro trabajador.”

Todas estas consideraciones, por desgracia, parecen estar ausente dentro de un proyecto que, siguiendo los parámetros que este gobierno ha establecido sobre cómo velar por la seguridad de los ciudadanos, tiende a hacer prevalecer lo represivo por encima de cualquier medida preventiva. De este modo, al no hacerse cargo de su ineficacia como agente promovedor del desarrollo social que impida la denigración que significa asumir este tipo de prácticas, el Estado opera el traslado de la responsabilidad por esta situación hacia la sociedad, utilizando una cuestión de alta sensibilidad popular (la trata) que, mediante hábiles estrategias propagandísticas que eluden un análisis profundo y crítico del tema, le posibiliten lograr el apoyo social necesario (acumulación de capital político) para seguir legitimando la continuidad de su proyecto de gobierno. En efecto, la prostitución, como la inseguridad y el narcotráfico, son flagelos sociales que según la gestión delasotista están lejos de su responsabilidad, por lo que sus causas son atribuibles a aquellos individuos que “optan” por la vía de la ilegalidad. De nuevo, y como ya lo expresáramos en un trabajo anterior, el argumento oficial se basa en el más puro individualismo metodológico, el mismo que se utiliza desde cualquier marco referencial ligado al neoliberalismo para dar explicar el éxito o fracaso en la inserción social de los individuos.

Y es aquí, precisamente, cuando acuden otras interpretaciones que ayudan a consolidar esta clase de posicionamiento político. Así como Claude Meillasoux demostró que en épocas de crisis económicas los Estados del primer mundo toleran –y, en muchos casos, fomentan- la acción de grupos de extrema derecha que exigen y llevan a cabo actos violentos contra los inmigrantes para que se vayan del país como método de control del desempleo y desviación de las causas reales de tal estado de situación (algo que se ve perfectamente hoy en Europa), en la Córdoba actual el recurso al puritanismo –y, con ello, el apoyo que se obtiene de los grupos que se identifican con este principio- que apela el gobierno como medio de combatir la trata parece ir en línea con un proyecto político que, tras las aparentes buenas intenciones, invisibiliza las inequidades de un orden socialmente injusto, terreno fértil desde el cual se fomenta este tipo de prácticas. Por ello, tendemos a creer que más que combatir la trata, lo que en verdad se pretende a través de este proyecto es ejercer un mayor control social sobre la población, lo cual fortalece el proceso que se viene verificando de una mayor injerencia del aparato represivo del Estado como mecanismo de resolución de los conflictos sociales. En este sentido, pues, trata y prostitución son la misma cara de una moneda que cae siempre del mismo lado.

En definitiva, esto quizás justifique lo que la historia misma una y otra vez nos ha mostrado: la segura derrota de quienes buscan remediar los problemas sociales enfrentando las consecuencias y no sus causas. Porque más que buscar la definitiva solución, la represión como respuesta política sigue demostrando no sólo la incapacidad de hacer cumplir los derechos que todo habitante tiene garantizado constitucionalmente, sino también la pervivencia de un proyecto político que no se cansa de castigar a quienes se hallan en los límites o decididamente afuera del sistema, despojándose de toda culpa al transferirle a ellos mismos la responsabilidad de los males sociales que lo afectan. De esta forma, el neoliberalismo cordobés sigue su marcha, bajo el manto populista de medidas descontextualizadas que logran un gran sustento político mediante el hábil recurso de eslóganes y campañas mediáticas de fuerte impacto emocional, cuyo fin último es nublar cualquier atisbo de reflexión crítica que cuestione la efectividad real de tales disposiciones.

Por una respuesta integral

La trata, repitámoslo una vez más, debe ser condenada y combatida; pero, cuando sabemos de antemano que las medidas que se proponen lejos van a estar de dar respuesta a esta demanda, es nuestra obligación no callar y alentar la toma de medidas de fondo que vayan a la raíz del problema. Como ya dijimos, el velo puritano que envuelve el cierre de los locales donde se lleva a cabo el comercio sexual muy lejos está de ser una medida efectiva para poner fin al tráfico sexual femenino; todo lo contrario, su aplicación va a empeorar la situación de muchas más mujeres, que se encontrarán sometidas a una práctica realizada al margen de la legalidad, fuera del control del Estado y hallándose en manos de las futuras redes mafiosas que controlen el comercio ilegal de la prostitución. Será entonces cuando el reino de la hipocresía se imponga una vez más, donde funcionarios y una ciudadanía cómplice se regocijen de creer que al no verse esos sitios de “perversión”, hayan logrado que tanto la prostitución como la trata se transformasen en un nefasto recuerdo. Mientras tanto, en los lugares más oscuros de esa parte de la sociedad que se niega a reconocer, el grito desesperado de las mujeres esclavizadas se perderá como nunca en el más doloroso espacio vacío, mil veces negado por un Estado que las condena y mil veces olvidado por una comunidad que prefiere creer en las promesas de un “mundo feliz” sin fantasmas que la atormenten.