Vengo escuchando, tanto en las luchas ambientales en las que he participado y participo, como en otras que sólo conozco de lejos, que el problema de la masacre ambiental se reduce a que el Estado no controla a las empresas a cargo de los emprendimientos. Si el Estado controlara, si el Estado funcionara como tiene que funcionar, si las cosas fuesen como antes...
Yo discrepo con este punto de vista. Estos emprendimientos no serían posibles si no contaran con el apoyo activo del Estado. El Estado no sólo apoya a estos emprendimientos a través de autorizaciones regulares o irregulares sino también a través de la represión cuando aparece la resistencia popular. ¿Hace falta citar ejemplos?
Entonces, el Estado está presente, y justamente porque es un Estado capitalista (de, por, y para el gran capital) actúa como actúa.
Sucede que todavía en el imaginario social está fuerte la imagen billikinesca del Estado como de aquel ente imparcial, situado encima de toda contradicción de clase, cuya sola razón de existencia es imponer un orden central sin el cual la sociedad civil se autodestruiría. El Estado es la comunidad donde todos son iguales ante la ley, tanto el amo como el esclavo...
"El Estado somos todos", he escuchado decir a algunas personas. No, señores. Tienen razón cuando dicen que el gobierno son las personas que en este momento están frente a las instituciones estatales. Pero el Estado es el continente de esos gobiernos. Los gobiernos pasan, pero el carácter del Estado sigue. Es una cuestión de la estructura social.
¿Alguien puede discutir a esta altura de la historia, de la sociología, de la economía, de la cultura, de la política, que vivimos en una sociedad capitalista, que quienes tienen el poder económico y político son un puñado de corporaciones capitalistas transnacionales, que la mayoría de los gobiernos son filiales de este poder mundial o de sus representantes/hermanos menores locales?
En una sociedad tan marcada por las diferencias de clase, ¿es posible un Estado a-clasista, que beneficie a todos los ciudadanos por igual? Mejor cambiemos la pregunta, porque a veces se confunden las posibilidades con ilusiones: ¿No es lo más común en este tipo de sociedad que el Estado responda a los grandes sectores capitalistas en vez de a los trabajadores asalariados, los campesinos, los comerciantes, los profesionales cuentapropistas, los pyme?
¿Tiene sentido, entonces, que las luchas ambientales se orienten hacia exigirle al mismo Estado capitalista que autoriza y hace de patovica de estos emprendimientos (cuando no los lleva a cabo él directamente) que sea él mismo quien los pare y que nos prometa que en adelante se va a portar bien? No, no lo tiene. El Estado, cuando lo necesita, viola las leyes que él mismo reglamenta y promulga*. Otras veces el Estado crea leyes que son funcionales a los intereses antipopulares a los que ampara. Incluso algunas luchas pueden llevar a la creación y promulgación de una ley favorable a los intereses populares (la ley de glaciares, por ejemplo**).
El objetivo de las luchas ambientales, entonces, debe ser obligar al Estado y a los capitalistas a interrumpir su accionar destructivo contra la naturaleza (incluyendo la humana). Con la ley o a pesar de la ley. Esto ya de por sí habla de una perspectiva a largo plazo de construcción de poder popular. Esto significa que la autoorganización del pueblo alcanza la fuerza y la legitimidad suficientes para no tener que pedir ni "exigir" cosas al Estado sino para imponerlas por sí mismo. Estas situaciones de doble poder, por supuesto, no son viables a largo plazo: uno de los dos debe prevalecer y el otro ser destruido. ¿Adivinen cuál?
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* Por supuesto, exigir al Estado que cumpla y/o haga cumplir una buena ley (como la ley general del medio ambiente) es una buena táctica, pero si se olvida que las leyes también están condicionadas por intereses de clase y que son expresiones de relaciones de fuerza históricas (por lo tanto, cuando esas relaciones son superadas, la ley pasa a ser letra muerta) y se hace de esa táctica una cuestión de principio, entonces se pierde el rumbo. Si se sigue ese camino, la motivación original de la lucha, que es la defensa de la naturaleza, de la salud y calidad de vida, y de nuestro patrimonio común, pasa a ser una lucha "para que nuestros representantes cumplan la ley". Una lucha leguleya, estéril, donde las leyes son fines en sí mismos y no medios. Una lucha que, además, pasa a pertenecer a expertos (en leyes, en lucha política, en oratoria), no a la gente común.
** Aunque la ley finalmente promulgada -esta vez Cristina no la vetó como en el 2008, a pedido de la Barrick Gold- es menos avanzada que el proyecto originalmente propuesto por las asambleas ciudadanas y organizaciones ecologistas, fue definitivamente un paso adelante. Ahora las luchas por preservar y defender los glaciares tienen mayor legitimidad y los ciudadanos tienen mayores herramientas.
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