¡Basta de exenciones para unos pocos!

Por José Casas

Hace pocos días el concejal por CPU Norberto Luraschi, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos del cuerpo legislativo, dijo a la prensa que ya se encuentra listo el proyecto de ordenanza que planteará una exención del 100 por ciento del pago de aforos de planos para hoteles de 4 y 5 estrellas, y para aquellos establecimientos que amplíen sus instalaciones. De esta forma, la actual propuesta representa una modificación del proyecto original del Ejecutivo, tras los debates planteados con el área económica del municipio y la entidad hotelera.

Habiendo ingresado para su tratamiento legislativo, poco o nada más se ha dicho sobre la disposición, que en los hechos representaría la tercera medida de exención impositiva de la actual gestión de gobierno. Paradójicamente, el beneficiado sería nuevamente un sector económico muy importante con presencia dominante en el campo turístico: el hotelero (antes, los empresarios teatrales). Todo ello, además, contextualizado tras la suba de un 30 % de impuestos para toda la población carlospacense aprobada para el ejercicio 2012.

Este contraste es, justamente, el que nos ha llevado desde hace algún tiempo a preguntarnos: ¿cuáles son los argumentos que justifican medidas de alcance tan desigual? En artículos ya publicados, hemos analizado el discurso oficial, donde hemos visibilizado la vigencia de la teoría neoliberal del derrame como base argumental sobre la que se sostienen estos proyectos impositivos. Sin embargo, y sin que se hayan expresado voces desde el gobierno local tendiente a rebatir este análisis, todo parece seguir igual tras conocerse la futura aprobación de esta exención impositiva a los hoteleros. Y es aquí donde nos detendremos a reflexionar sobre otra de las fundamentaciones muy comúnmente naturalizadas que justifican este tipo de acciones: el dinero de los hoteleros, en vez de pagar impuestos, se invierte en sus establecimientos para mejorar la calidad del servicio que ofrecen. No nos centraremos esta vez en el argumento del derrame que se esgrime como consecuencia de esta medida, sino en el punto causal de la misma: ¿de quién es el dinero que la ley fija como bien impositivo?

Lo primero que hay que decir es que el dinero que paga un hotelero por tasas impositivas municipales, como lo hace cualquier vecino, no es de él, sino del Estado municipal. Al momento de que la ley establece que ese monto de lo que obtiene por su actividad debe ir a parar a las arcas del municipio, ya no le pertenece como bien patrimonial. Por ende, cualquier disposición sobre el mismo afecta directamente a su verdadero propietario (el Estado municipal).

Cuando los poderes del Estado local deciden que esos dineros que le corresponden, que por su naturaleza son públicos (es decir, de todos), sean destinados a su anterior poseedor, lo que se está produciendo es un proceso de TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL ESTADO AL SECTOR PRIVADO. Esos dineros, que le corresponden al conjunto de la sociedad, son girados de nuevo pero en beneficio de un determinado sector que, esgrimiendo teorías económicas que causaron la peor crisis social de nuestra historia durante la década de 1990 y principios de la siguiente, tratan de hacernos creer que va a ser una medida que nos terminará beneficiando por efecto derrame a todos. En ese trayecto, mientras tanto, menos fondos monetarios ingresan al Estado, lo cual le resta capacidad para atender las demandas de los ciudadanos, como educación, salud, justicia, trabajo, etc.

Por ello, de continuar esta tendencia en las medidas impositivas del actual gobierno local, el efecto final de este proceso -que gracias al estudio de nuestra historia reciente podemos avisorar- desembocará en una doble consecuencia: la mayor concentración del ingreso a favor de los que más tienen, la cual se afianzará en relación inversa y proporcional a un aumento de la regresión redistributiva en perjuicio de los sectores populares de la ciudad.

Por estas razones, debemos decir ¡basta! a la desviación de fondos públicos en beneficio de unos pocos, que vaya casualidad son los más poderosos económicamente de nuestra sociedad. Si quieren o necesitan invertir que lo hagan con sus ganancias, como lo hace cualquier otro vecino. No olvidemos que las exenciones impositivas se utilizan en regiones donde no hay ningún tipo de potencialidad natural que posibilite un desarrollo sostenible de una comunidad; son medidas excepcionales que se dan en casos excepcionales, y nuestra ciudad está lejos de necesitar esto. Lo que necesitamos es que haya un modelo económico más diversificado, que posibilite trabajo estable y seguro durante todo el año y no dependamos de dos meses de temporada, mientras vemos cómo sobrevivimos el resto del año. Esto no se soluciona concentrando más la riqueza que produce nuestra sociedad, sino todo lo contrario: posibilitándole a los que menos tienen la oportunidad de alcanzar la ciudadanía social y económica que le dé sentido y sustento a la débil democracia que tenemos. Y una de esas herramientas más eficaces para alcanzar esta meta puede ser la de establecer una estructura fiscal progresiva, donde los que más tienen paguen más y quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad cuenten con más recursos para acceder a todos los derechos que constitucionalmente le están garantizados. Y esta opción es cada vez más ineludible, porque de seguir así el Estado municipal democrático nos seguirá pareciendo más una fachada que una realidad; como si se tratara de un Estado mínimo, que a costa del sacrificio de muchos pareciera tener como último fin asegurar el bienestar de unos pocos.