La hipocresía del puritanismo cordobés

Por José Casas

En estos últimos días se acrecentó el debate público acerca del Proyecto de Ley sobre Trata de Personas y Explotación Sexual presentado a la Legislatura por el gobierno de José Manuel De La Sota. Siendo éste un flagelo social que afecta a numerosas mujeres, es sin dudas saludable que las autoridades provinciales se aboquen a dar solución a este gravísimo problema, el cual ha cobrado notable actualidad en parte debido a la lucha emprendida por Mariel Trimarco, madre de Marita Verón, secuestrada y aún hoy desaparecida por causa de los responsables de una red de trata.

Pero lo que es una legítima iniciativa puede, sin embargo, llegar a tener en la práctica efectos que no sólo no logren avanzar en este propósito, sino que además –y esto es mucho más preocupante- es muy posible que se desencadene un agravamiento del problema que se pretende erradicar. Esta última consideración que hacemos parte luego de que se conociera uno de los objetivos de la metodología implementada, el cual tiende a penalizar los lugares donde se ejerce la prostitución: “[…] clausurar en todo el territorio provincial las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, o establecimientos y/o locales de alterne y prohibir la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de los establecimientos mencionados, en toda la provincia.”

Por lo que se puede observar, queda claro la intención del gobierno provincial de asociar el fomento de la trata de personas para fines de explotación sexual con la actividad que se ejerce en sitios que, más allá de sus denominaciones, promueven la oferta de sexo por dinero. Es decir, el proyecto de ley aprobado por la Unicameral no disocia trata de trabajo sexual, lo cual contribuye a criminalizar no sólo a quienes -más allá de cómo se los llame (proxenetas, madamas, etc.)- disponen de la integridad física de aquellos que, en mayor o menor medida, se hallan desprovistos de su libertad de elección y/o movimiento, sino también a quiénes ejercen libremente su elección de comerciar el uso de su cuerpo. De esta forma, al no quedar claro cuál es la relación directa existente entre una y otra cosa, nos permitimos sospechar que, en el fondo, son otras las cuestiones que alientan este tipo de medidas. En efecto, es posible comprobar una cierta avanzada moralista y represiva detrás de una justa causa, abonándose de esta manera un terreno sumamente fértil sobre el que pareciera se quiere construir, en base a la legitimidad de origen de la causa, un determinado consenso para tratar de imponer a la sociedad determinadas pautas, valores e instituciones culturales que deben normativizar y controlar las disposiciones que tomamos sobre nuestros cuerpos. En este sentido, se pretende penalizar una de las formas posibles en que cada individuo puede, siendo natural y jurídicamente dueño de su propio cuerpo, introducirse en los diferentes campos o ámbitos de la sociedad que le permitan obtener recursos a través de la comercialización de su capital más valioso: su estructura corporal.

Varios investigadores han analizado cómo diversos grupos sociales llevan a cabo distintas actividades relacionadas con la comercialización de sus cuerpos. Una de las investigaciones más reconocidas es la que llevó adelante el sociólogo Loïc Wacquant sobre el oficio del boxeador, donde explica de qué forma estos deportistas se insertan en este campo laboral disponiendo de su propio medio de producción –su cuerpo- para obtener los bienes económicos necesarios para su subsistencia -y la de su grupo familiar, si lo hubiere-. Asimismo, esta disposición del cuerpo como mecanismo de obtención de recursos se da en numerosos ámbitos de actividad más allá de lo deportivo; por ejemplo, el campo teatral conocido como “el teatro de revistas” suele emplear a numerosas mujeres, cuyo mayor capital es la constitución de un ideal de cuerpo femenino que, en la medida que logran sobredimensionar aquellas partes del mismo relacionados con el deseo sexual, ello les permite ir captando cada vez más los recursos que pone a disposición el “mundo del espectáculo”. Esto, por supuesto, logra en gran parte explicar el fenomenal negocio de las cirugías estéticas que afecta a esta actividad, las cuales deben entenderse como estrategias de acumulación de capital físico sobre el principal medio de producción que tienen aquellas mujeres que logran, una vez reconocidas como protagonistas de este campo, ser consideradas bajo el estatus de “vedettes”.

Pero, y como ya lo remarcara Emma Goldman -una de las mayores defensoras de los derechos femeninos-, hay formas más veladas –y socialmente aprobadas- de utilizar el cuerpo como medio de ascenso social. Lo estético en sí constituye un valioso capital como medio de acumulación económica, muchas veces más preciado que la capacidad profesional, la experiencia y/o determinados valores asociados a la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad en la obtención de empleos, puestos jerárquicos y/o aprobación de recursos para diversos tipos de emprendimientos. En este punto, Goldman hacía referencia al matrimonio forjado por conveniencia, donde al estar ausente o relegado el lazo afectivo (amor) la decisión de la mujer –en una época donde los derechos femeninos se hallaban ampliamente relegados- estaba directamente relacionada con la posibilidad de alcanzar un determinado nivel de vida sometiendo su cuerpo a dicha institución. Mucho tiempo ha pasado y mucho por suerte se ha avanzado en los derechos de género, pero aún hoy sigue vigente –tanto para mujeres como para hombres- la posibilidad de ofrecer su capital físico como medio de alcanzar una calidad de vida imposible de acceder por diversas vías, sin que ello amerite la sanción social y, en ciertas situaciones, penal –como en el caso actual del gobierno provincial con respecto a la prostitución- de tales prácticas.

Entonces, es aquí donde nos preguntamos: ¿por qué se pretende criminalizar la actividad de quiénes, de forma libre y pública, deciden comercializar el uso de sus cuerpos sin ser forzada/o a ello? ¿Qué otras razones puede haber tras la clausura de aquellos lugares que visibilizan la oferta de sexo por dinero, y que justamente allí es donde mejor se puede ejercer el control sobre la actividad, defendiendo los derechos de quienes ejercen el oficio de la prostitución libremente y reprimiendo a aquellos que se apoderan de los cuerpos de quienes no optaron por esta actividad?

Intenciones últimas

Como vemos, el proyecto elaborado por el Ejecutivo provincial tiene como una de sus máximas aspiraciones la penalización de los lugares donde se materializa de forma visible el comercio sexual. En vista de ello y de los argumentos que se han expuesto, es que uno se pregunta: la criminalización de la prostitución visiblemente ejercida, ¿es un medio para combatir la trata, o bien la lucha contra la trata es un medio para combatir, como fin último, una forma de ejercer la prostitución? Y si así fuese, ¿qué objetivo político último tendría consigo este proyecto?

No hace falta ser un erudito en ninguna ciencia social para darse cuenta que hay numerosos casos en la historia de la humanidad en donde este tipo de sanción penal contra una actividad social relacionada con lo que una literatura puritana ha solido denominar como “vicios” del cuerpo, ha fomentado el agravamiento del problema que supuestamente se quería abolir. No hay que adentrarse tanto en el tiempo para recordar la famosa “ley seca” sancionada en Estados Unidos, que pretendió terminar con el flagelo del alcoholismo. Las consecuencias que tuvo esta medida abolicionista fue el desarrollo de una amplia red ilegal que funcionó gracias a la colaboración entre las mafias y la corrupción política y policial, la que además de no dar ningún tipo de solución al respecto, agravó el deterioro cultural de la sociedad estadounidense.

Pero no sólo hubo ley seca para el comercio del alcohol; también hubo leyes que muchos puritanos norteamericanos lograron aprobar para prohibir las casas de meretrices, en función de resguardar la “salud moral” de la población. También, en este caso, el remedio fue peor que la enfermedad, pues como señala Emma Goldman ello alentó el comercio ilegal y la trata de mujeres para su explotación sexual: “Las pupilas antes relativamente amparadas en los meretricios, por representar ellas cierto valor monetario, se encontraron en la calle como presas indefensas en las manos del policía groseramente codicioso. Desesperadas, necesitando que alguien las protegiera amándolas, les fue muy fácil caer en los brazos de los proxenetas, uno de los productos más genuinos de nuestra era comercial. De ahí que la modalidad social del proxenetismo no fue más que una excrecencia natural de las persecuciones de la policía, de las bárbaras puniciones y el intento siempre frustrado de suprimir la prostitución. Sería absurdo confundir esa faz moderna de los males sociales con esta última.”

Goldman, quien además debía luchar contra los prejuicios machistas que caracterizaban el movimiento libertario, expuso como poco/as las razones últimas de las elecciones que llevaban a cada mujer a optar por lucrar con su cuerpo. De acuerdo a sus argumentaciones, esto era parte del mismo proceso de explotación capitalista, que ofrecía a mujeres en situaciones de fuerte vulnerabilidad mayores dividendos a través de este tipo de actividad que la mísera remuneración que obtenían a través de largas y extenuantes jornadas de trabajo –siempre que se pudiese acceder al mismo-. Para miles y miles de trabajadoras estadounidenses, en una época donde la mujer era considerada como un ser inferior al hombre, su cuerpo terminaba siendo la mejor opción de supervivencia y de alcanzar un mejor nivel de vida. En estos casos, la suerte dependía de lo que más se apreciaba en ella, su capital físico-estético; por ello, las vías posibles de salida de la marginalidad y la precariedad e inseguridad laboral eran el matrimonio o la prostitución institucionalizada.

Esta argumentación, que entiende la práctica del meretricio como estrategia de supervivencia para muchas mujeres que se encuentran en contextos de pobreza estructural, sigue siendo tan actual como en esos tiempos, en medio de una sociedad que, pese al mejoramiento de los índices socioeconómicos en esta última década, sigue siendo en muchos aspectos marcadamente desigual, no sólo a nivel de ingresos, sino también de derechos de género. En este aspecto, y tal como lo demostró un estudio de la Fundación Ciudadanos 365 [ver La Jornada, edición domingo 26/II/2012], en Villa Carlos Paz, por ejemplo, todavía subsisten desigualdades en el acceso a bienes que van en contra de la población femenina: “La tasa de empleo entre los hombres concentra los mayores porcentajes (valores entre 90 por ciento y 95 por ciento) entre los 25 y 54 años, mientras que en las mujeres se los observa (valores cercanos al 70 por ciento) entre los 25 y 49 años.”

Sin embargo, esta relación entre pobreza y prostitución no ha sido tenida en cuenta por el gobierno. Como lo han denunciado las integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en Córdoba, a través de este tipo de medidas el gobierno provincial desconoce a quienes practican la prostitución de forma libre como trabajadoras, en plenitud de ejercer sus derechos como tales. Tal como sostiene el politólogo Eduardo Avalle, “[…] es un sector que se organiza y reclama por sus derechos. Ha expuesto a la sociedad que la prostituta tiene hijos que alimentar, una casa que mantener, tiene horarios laborales, uniformes de trabajo, prácticas sanitarias, condiciones de salubridad, se educa, se forma y organiza como cualquier otro trabajador.”

Todas estas consideraciones, por desgracia, parecen estar ausente dentro de un proyecto que, siguiendo los parámetros que este gobierno ha establecido sobre cómo velar por la seguridad de los ciudadanos, tiende a hacer prevalecer lo represivo por encima de cualquier medida preventiva. De este modo, al no hacerse cargo de su ineficacia como agente promovedor del desarrollo social que impida la denigración que significa asumir este tipo de prácticas, el Estado opera el traslado de la responsabilidad por esta situación hacia la sociedad, utilizando una cuestión de alta sensibilidad popular (la trata) que, mediante hábiles estrategias propagandísticas que eluden un análisis profundo y crítico del tema, le posibiliten lograr el apoyo social necesario (acumulación de capital político) para seguir legitimando la continuidad de su proyecto de gobierno. En efecto, la prostitución, como la inseguridad y el narcotráfico, son flagelos sociales que según la gestión delasotista están lejos de su responsabilidad, por lo que sus causas son atribuibles a aquellos individuos que “optan” por la vía de la ilegalidad. De nuevo, y como ya lo expresáramos en un trabajo anterior, el argumento oficial se basa en el más puro individualismo metodológico, el mismo que se utiliza desde cualquier marco referencial ligado al neoliberalismo para dar explicar el éxito o fracaso en la inserción social de los individuos.

Y es aquí, precisamente, cuando acuden otras interpretaciones que ayudan a consolidar esta clase de posicionamiento político. Así como Claude Meillasoux demostró que en épocas de crisis económicas los Estados del primer mundo toleran –y, en muchos casos, fomentan- la acción de grupos de extrema derecha que exigen y llevan a cabo actos violentos contra los inmigrantes para que se vayan del país como método de control del desempleo y desviación de las causas reales de tal estado de situación (algo que se ve perfectamente hoy en Europa), en la Córdoba actual el recurso al puritanismo –y, con ello, el apoyo que se obtiene de los grupos que se identifican con este principio- que apela el gobierno como medio de combatir la trata parece ir en línea con un proyecto político que, tras las aparentes buenas intenciones, invisibiliza las inequidades de un orden socialmente injusto, terreno fértil desde el cual se fomenta este tipo de prácticas. Por ello, tendemos a creer que más que combatir la trata, lo que en verdad se pretende a través de este proyecto es ejercer un mayor control social sobre la población, lo cual fortalece el proceso que se viene verificando de una mayor injerencia del aparato represivo del Estado como mecanismo de resolución de los conflictos sociales. En este sentido, pues, trata y prostitución son la misma cara de una moneda que cae siempre del mismo lado.

En definitiva, esto quizás justifique lo que la historia misma una y otra vez nos ha mostrado: la segura derrota de quienes buscan remediar los problemas sociales enfrentando las consecuencias y no sus causas. Porque más que buscar la definitiva solución, la represión como respuesta política sigue demostrando no sólo la incapacidad de hacer cumplir los derechos que todo habitante tiene garantizado constitucionalmente, sino también la pervivencia de un proyecto político que no se cansa de castigar a quienes se hallan en los límites o decididamente afuera del sistema, despojándose de toda culpa al transferirle a ellos mismos la responsabilidad de los males sociales que lo afectan. De esta forma, el neoliberalismo cordobés sigue su marcha, bajo el manto populista de medidas descontextualizadas que logran un gran sustento político mediante el hábil recurso de eslóganes y campañas mediáticas de fuerte impacto emocional, cuyo fin último es nublar cualquier atisbo de reflexión crítica que cuestione la efectividad real de tales disposiciones.

Por una respuesta integral

La trata, repitámoslo una vez más, debe ser condenada y combatida; pero, cuando sabemos de antemano que las medidas que se proponen lejos van a estar de dar respuesta a esta demanda, es nuestra obligación no callar y alentar la toma de medidas de fondo que vayan a la raíz del problema. Como ya dijimos, el velo puritano que envuelve el cierre de los locales donde se lleva a cabo el comercio sexual muy lejos está de ser una medida efectiva para poner fin al tráfico sexual femenino; todo lo contrario, su aplicación va a empeorar la situación de muchas más mujeres, que se encontrarán sometidas a una práctica realizada al margen de la legalidad, fuera del control del Estado y hallándose en manos de las futuras redes mafiosas que controlen el comercio ilegal de la prostitución. Será entonces cuando el reino de la hipocresía se imponga una vez más, donde funcionarios y una ciudadanía cómplice se regocijen de creer que al no verse esos sitios de “perversión”, hayan logrado que tanto la prostitución como la trata se transformasen en un nefasto recuerdo. Mientras tanto, en los lugares más oscuros de esa parte de la sociedad que se niega a reconocer, el grito desesperado de las mujeres esclavizadas se perderá como nunca en el más doloroso espacio vacío, mil veces negado por un Estado que las condena y mil veces olvidado por una comunidad que prefiere creer en las promesas de un “mundo feliz” sin fantasmas que la atormenten.