Por un modelo económico diversificado, sustentable e inclusivo para Villa Carlos Paz

José A. Casas

Profesor en Historia

El actual modelo turístico-rentístico

Cuando se habla de consensos en nuestra sociedad, uno de los paradigmas que emergen sobre el trono de lo indiscutido es el modelo turístico-rentístico sobre el que se sostiene la estructura socioeconómica de la ciudad. Sus orígenes históricos se remontan a un proceso iniciado gradualmente entre las décadas de 1910 y 1920, y consolidado en los años siguientes a través del fabuloso negocio de la tierra que posibilitó la afirmación de una poderosa burguesía comercial urbana y turística. Esta burguesía, que reemplazó como sector dominante a la burguesía rural de las grandes estancias, cimentó su posición en base a las actividades de servicios (hotelería, gastronomía, comercio) y la construcción; esta última permitió, a su vez, la emergencia de un grupo con gran peso en nuestra comunidad como el inmobiliario, cuyo factor de crecimiento se ancló desde entonces, fundamentalmente, en lo producido por la renta de los bienes inmuebles. De esta manera, la profunda y vertiginosa transformación que significó para la sociedad carlospacense su conformación como centro urbano estuvo ineludiblemente ligada al predominio de un modelo económico centrado en el turismo, sector cuyo dinamismo y capacidad de influencia política le permitió a sus principales actores sentar las bases de un proyecto verdaderamente hegemónico.

Básicamente, la hegemonía del sector turístico y rentístico se define por la gran preeminencia de un sector económico por sobre el resto, en un porcentaje tal que, de acuerdo a las cifras que han dado algunos de los pocos estudios que se conocen, alcanza para caracterizar a dicho modelo como virtualmente monoproductivo (de acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable de Villa Carlos Paz presentado en el año 2009, el sector de servicios participa en el 82,76% del producto). Dicha preeminencia, además, se ha consolidado políticamente a través de una superestructura jurídico-institucional que, en su máxima expresión constitucional, ha definido a la ciudad como turística, de acuerdo al artículo 10 de la Carta Orgánica Municipal (COM). Esto es, a través del mandato de la COM -es decir, de forma jurídica y no sólo de hecho, como había pasado hasta entonces- el municipio ha debido seguir estructurándose institucional y económicamente en función de cumplir con este precepto nuestra carta magna local. Por ello, no debe sorprendernos que la configuración de los organigramas y presupuestos de los últimos gobiernos municipales sigan al pie de la letra el apuntalamiento de este modelo. Las importantes sumas destinadas a la secretaría de turismo y al CAPTUR, así como la tasa del 10% de promoción de turismo que pagamos todos con el impuesto que incide sobre los inmuebles, son un claro ejemplo de un aparato de poder político que tiene, en este sentido, una marcada direccionalidad en sus acciones.

Pero el mayor apoyo del Estado local está más en lo que deja hacer que en lo que hace. Más que las medidas y acciones que el municipio establece a favor de la hegemonía del modelo turístico-rentístico –las que a veces, incluso, pueden dirigirse en contra, debido por ejemplo a la acción ciudadana a favor de una mayor democratización de determinadas políticas municipales-, lo que más favorece a este último es la posibilidad de aprovechar sus “ventajas comparativas” en un contexto donde el Estado deja que el mercado decida qué sectores o grupos sociales obtendrán una mayor porción del producto interno. En este contexto, el mayor capital político, económico, social, cultural y hasta simbólico de los grupos dominantes locales les permite, en un marco de casi virtual ausencia de mediación estatal, captar la mayor parte de la riqueza social producida, lo que les asegura además el privilegio de acceder en forma más ventajosa que el resto a los bienes materiales e inmateriales más indispensables: tierra, vivienda, salud, educación, seguridad, justicia, etc.

Sus efectos económicos y sociales

Ahora bien, así como el modelo turístico-rentístico carlospacense presenta -como en todos los sistemas monoespecializados- en condiciones de funcionamiento óptimas importantes beneficios a la comunidad (cuyo mayor o menor alcance depende de los mecanismos de asignación de los recursos implementados), también origina una serie de dificultades y consecuencias sociales cuando dichas condiciones se atenúan, deterioran o bien desaparecen. Y los habitantes de esta ciudad conocemos muy bien estos procesos. Durante la temporada de verano –que se extiende dos meses, entre enero y febrero- la masiva concurrencia de turistas representa una formidable masa de divisas que entran a Villa Carlos Paz. Es el momento del año cuando se da la plena ocupación laboral, que posibilita la concurrencia de otros beneficios públicos, como el momento de mayor pago de impuestos y, con ello, el reforzamiento del fisco municipal para atender las múltiples demandas ciudadanas.

Sin embargo, tras el apogeo del verano, las expectativas turísticas se ven dramáticamente reducidas durante la “temporada baja”, quedando las mismas reducidas a las posibilidades que ofrecen en ciertos momentos del año determinados feriados o las vacaciones escolares de invierno. Si bien esas fechas brindan un refugio ante el larguísimo y duro “invierno” local, lo hacen con una intensidad y unos efectos mucho menores que los de la época estival. Por ende, en esos meses el panorama cambia abruptamente: se dejan sin efecto numerosos de los empleos semi-formales ofrecidos en el verano, razón por la cual familias enteras deben buscar otras oportunidades de supervivencia, que varias de ellas encuentran en los trabajos informales. Otras, menos afortunadas, sufren el flagelo de la desocupación o subocupación, mientras que otra parte de esa mano de obra desocupada trata de insertarse en el empleo público, o bien encontrar en la gran urbe próxima –Córdoba- un trabajo o emprendimiento más estable y seguro que el ofrecido en la temporada veraniega.

Estos desajustes económicos traen consigo, asimismo, profundas desarticulaciones sociales. La falta de certidumbre en el presente y futuro de los grupos familiares golpea muy duro en las relaciones de sus integrantes. El estrés provocado por la carencia de dinero, sumado a la imposibilidad de planear un futuro a mediano y largo plazo, va desgastando la convivencia y esperanzas de muchas familias. En ese contexto, las vías de escape a esa dura realidad contribuyen a provocar la desintegración de numerosas de esas unidades sociales, cruzadas por las separaciones, la violencia familiar y el flagelo de las adicciones, entre otros factores.

Por otra parte, la carencia de recursos también alcanza un fuerte componente político, pues deja a muchos ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad ante las acciones clientelares de ciertos políticos de turno, que tratan de convertir de esta manera la necesidad de la gente en capital electoral. En síntesis, la hegemonía del modelo turístico-rentístico que el municipio contribuye a consolidar y expandir trae consigo, más allá de sus beneficios puntuales y temporales, profundas consecuencias sociales y políticas, donde los sectores dominantes de este campo económico, a través de diversos mecanismos formales e informales, logran concentrar la riqueza generada por el trabajo, mientras que gran parte de la población trabajadora debe padecer de diversas maneras la falta de una mayor y justa redistribución de ese ingreso que su trabajo y dedicación ayudan a capitalizar. Sin embargo, la injusta distribución del ingreso generado no es el único ni principal factor de este modelo.

Las desventajas del modelo monoproductivo

Diversos y numerosos estudios sobre el impacto que tuvo en América Latina la crisis desatada como consecuencia del crack de Wall Street a fines de 1929, han remarcado que las economías más golpeadas de esos países fueron aquellas que se hallaban escasamente diversificadas. En la mayoría de los países de América Central, el predominio de la monoproducción -en un contexto de globalización capitalista donde se hallaban insertos sus aparatos productivos y comerciales- los hizo sumamente vulnerables a los virajes en la demanda externa, pues no había otros sectores que tuviesen el mismo dinamismo para poder compensar la caída del sector dominante en determinados contextos, el más grave de todos iniciado a principios de los años ‘30. En cambio, economías más diversificadas, como las de Argentina, México y Brasil, pudieron enfrentar esta crisis en mejores condiciones, incluso aprovechando la misma para fortalecer otros sectores con menor desarrollo, como el industrial. Fueron los tiempos de los procesos de industrialización por sustitución interna (ISI), a partir de los cuales se empezaron a sentar las bases del futuro Estado de Bienestar que se instaló en esos países pocos años después y que significó la ampliación de la ciudadanía política, económica y social de las clases populares hasta entonces relegadas.

Teniendo en cuenta esto, vemos –y lo hemos comprobado más de una vez en las últimas décadas- que el cuasi monopolio turístico que tenemos en Villa Carlos Paz se halla expuesto, por las características de su orientación al mercado interno, a los vaivenes del panorama político y económico nacional (y, en menor grado, provincial). Por experiencia propia, sabemos que en épocas de bonanza económica, ese mercado interno se moviliza masivamente hacia los principales centros turísticos, generando grandes movimientos de dinero que son aprovechados por la población de estos lugares (como pasó en las últimas temporadas en Villa Carlos Paz). Pero, cuando llegan los tiempos de “vacas flacas”, la necesidad de ajustar los presupuestos familiares empiezan por los gastos considerados como no urgentes, y allí, para desgracia de las localidades turísticas, uno de los primeros afectados son los recursos destinados al tiempo de ocio y recreación. Son los momentos en que aparecen las temporadas flojas, que hacen que el largo invierno sea percibido y sentido más extenso que el que le sigue a un “buen verano”. Con menos trabajo e ingresos, las dificultades económicas de las familias trabajadoras se acentúan, así como los efectos antes descritos.

Pero así como la inestabilidad política y económica afecta al desarrollo turístico, también recae fuertemente sobre el campo de la construcción y el aprovechamiento rentístico de las edificaciones ya consolidadas. Por estos días, ya se pueden ver las consecuencias de un menor crecimiento de la actividad económica, que afecta en primer lugar a las fuentes de trabajo directo que origina esta actividad, y que de seguir proyectándose hacia los meses siguientes repercutirá decididamente sobre la oferta de alquileres y compra-venta de propiedades raíces, tal como ya ha ocurrido en las épocas más críticas de nuestra historia.

Y aquí es que entra en consideración el problema de la monoespecialización turística-rentística. Porque, justamente, la debilidad de los restantes sectores productivos locales hace que éstos no puedan convertirse en motores que atemperen el impacto negativo de una mala temporada. En el caso de la limitada industria existente, al encontrarse ésta tan vinculada a la demanda turística no puede evitar los efectos de esos períodos críticos; mientras que el resto de las actividades productivas alcanzan tan reducida escala, que pese a que muchas de ellas no necesariamente están ligadas a las fluctuaciones del principal motor de la economía local, no llegan a presentarse como una alternativa que satisfaga la demanda de trabajo y servicios que genera el modelo hegemónico vigente.

Abramos el debate para generar una alternativa

En definitiva, la economía local, al centrarse mayoritariamente en el campo turístico-rentístico, se encuentra fuertemente expuesta a las oscilaciones externas de las que depende su funcionamiento –y a las cuales no controla-. Si bien la proximidad del gran mercado de trabajo y oportunidades comerciales que es la ciudad de Córdoba atenúa el impacto negativo antes descrito, el propio empuje urbanístico y demográfico que caracteriza a nuestra ciudad sigue exponiendo la fragilidad e inestabilidad del modelo económico imperante. Cada año, cientos de nuevos habitantes se agregan al entramado poblacional de Villa Carlos Paz, de los que un porcentaje apreciable se incorporan a la demanda por el cumplimiento de los derechos cívicos previstos en la Carta Orgánica de la ciudad. Trabajo, vivienda, servicios públicos, educación salud, etc., son parte de las principales preocupaciones de los ciudadanos, muchos de los cuales lejos están de poder acceder al legítimo goce de los mismos (basta dirigirse a los medios de comunicación locales y comprobar esta aseveración). Esa imposibilidad, como vimos, está directamente ligada a una estructura productiva y comercial que prioriza la acumulación sobre la redistribución, en el marco de un Estado local que deja en manos del mercado la asignación de los recursos producidos por el trabajo de los carlospacenses.

Por ello, más que nunca se hace necesario un debate profundo sobre el presente y futuro de la estructura productiva local, que logre superar las principales deficiencias de la misma: monoespecialización, excesiva concentración de la riqueza, precariedad laboral, desempleo, un negativo impacto ambiental, y las consecuencias sociales y culturales de todas ellas (violencia familiar, adicciones, marginación, criminalidad, falta de identidad). En el proceso de construcción de esa alternativa, el debate debe ser lo más amplio y democrático posible, teniendo presente que ese nuevo modelo socioeconómico debe ser pensado para toda la población. Y, con esa meta principal, se pueden fijar los principales ejes de acción, como la diversificación productiva, una mayor redistribución de los ingresos, una estructura impositiva progresiva, el fomento al trabajo local, y la sustentabilidad ambiental. La ciudad no sólo está compuesta por los grupos más encumbrados del campo turístico y rentístico, sino por un conjunto amplio de sectores vinculados al trabajo en sus múltiples formas.

Retomando la Carta Orgánica Municipal, tenemos que tener presente que son varios los artículos que hablan de un desarrollo socioeconómico y socioambiental que posibilite el pleno cumplimiento de los derechos constitucionales de todos los carlospacenses. En ese camino por seguir, que es un deber y no una opción, la construcción de un modelo productivo diversificado, sustentable e inclusivo, es una meta imposible de seguir dejando de lado. No debemos olvidar que un Estado que se autoproclama democrático deja de cobrar sustento como tal cuando una buena parte de su población está desprovista de acceder a una vida digna y en respeto a los derechos humanos más elementales. Por ende, construir y aplicar las herramientas que hagan realidad el mandato de nuestras normas constitucionales no sólo conllevará al bienestar público, sino que también contribuirá a otorgarle contenido a esa DEMOCRACIA que tanto dolor y esfuerzo nos costó conseguir.

¡Basta de exenciones para unos pocos!

Por José Casas

Hace pocos días el concejal por CPU Norberto Luraschi, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos del cuerpo legislativo, dijo a la prensa que ya se encuentra listo el proyecto de ordenanza que planteará una exención del 100 por ciento del pago de aforos de planos para hoteles de 4 y 5 estrellas, y para aquellos establecimientos que amplíen sus instalaciones. De esta forma, la actual propuesta representa una modificación del proyecto original del Ejecutivo, tras los debates planteados con el área económica del municipio y la entidad hotelera.

Habiendo ingresado para su tratamiento legislativo, poco o nada más se ha dicho sobre la disposición, que en los hechos representaría la tercera medida de exención impositiva de la actual gestión de gobierno. Paradójicamente, el beneficiado sería nuevamente un sector económico muy importante con presencia dominante en el campo turístico: el hotelero (antes, los empresarios teatrales). Todo ello, además, contextualizado tras la suba de un 30 % de impuestos para toda la población carlospacense aprobada para el ejercicio 2012.

Este contraste es, justamente, el que nos ha llevado desde hace algún tiempo a preguntarnos: ¿cuáles son los argumentos que justifican medidas de alcance tan desigual? En artículos ya publicados, hemos analizado el discurso oficial, donde hemos visibilizado la vigencia de la teoría neoliberal del derrame como base argumental sobre la que se sostienen estos proyectos impositivos. Sin embargo, y sin que se hayan expresado voces desde el gobierno local tendiente a rebatir este análisis, todo parece seguir igual tras conocerse la futura aprobación de esta exención impositiva a los hoteleros. Y es aquí donde nos detendremos a reflexionar sobre otra de las fundamentaciones muy comúnmente naturalizadas que justifican este tipo de acciones: el dinero de los hoteleros, en vez de pagar impuestos, se invierte en sus establecimientos para mejorar la calidad del servicio que ofrecen. No nos centraremos esta vez en el argumento del derrame que se esgrime como consecuencia de esta medida, sino en el punto causal de la misma: ¿de quién es el dinero que la ley fija como bien impositivo?

Lo primero que hay que decir es que el dinero que paga un hotelero por tasas impositivas municipales, como lo hace cualquier vecino, no es de él, sino del Estado municipal. Al momento de que la ley establece que ese monto de lo que obtiene por su actividad debe ir a parar a las arcas del municipio, ya no le pertenece como bien patrimonial. Por ende, cualquier disposición sobre el mismo afecta directamente a su verdadero propietario (el Estado municipal).

Cuando los poderes del Estado local deciden que esos dineros que le corresponden, que por su naturaleza son públicos (es decir, de todos), sean destinados a su anterior poseedor, lo que se está produciendo es un proceso de TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL ESTADO AL SECTOR PRIVADO. Esos dineros, que le corresponden al conjunto de la sociedad, son girados de nuevo pero en beneficio de un determinado sector que, esgrimiendo teorías económicas que causaron la peor crisis social de nuestra historia durante la década de 1990 y principios de la siguiente, tratan de hacernos creer que va a ser una medida que nos terminará beneficiando por efecto derrame a todos. En ese trayecto, mientras tanto, menos fondos monetarios ingresan al Estado, lo cual le resta capacidad para atender las demandas de los ciudadanos, como educación, salud, justicia, trabajo, etc.

Por ello, de continuar esta tendencia en las medidas impositivas del actual gobierno local, el efecto final de este proceso -que gracias al estudio de nuestra historia reciente podemos avisorar- desembocará en una doble consecuencia: la mayor concentración del ingreso a favor de los que más tienen, la cual se afianzará en relación inversa y proporcional a un aumento de la regresión redistributiva en perjuicio de los sectores populares de la ciudad.

Por estas razones, debemos decir ¡basta! a la desviación de fondos públicos en beneficio de unos pocos, que vaya casualidad son los más poderosos económicamente de nuestra sociedad. Si quieren o necesitan invertir que lo hagan con sus ganancias, como lo hace cualquier otro vecino. No olvidemos que las exenciones impositivas se utilizan en regiones donde no hay ningún tipo de potencialidad natural que posibilite un desarrollo sostenible de una comunidad; son medidas excepcionales que se dan en casos excepcionales, y nuestra ciudad está lejos de necesitar esto. Lo que necesitamos es que haya un modelo económico más diversificado, que posibilite trabajo estable y seguro durante todo el año y no dependamos de dos meses de temporada, mientras vemos cómo sobrevivimos el resto del año. Esto no se soluciona concentrando más la riqueza que produce nuestra sociedad, sino todo lo contrario: posibilitándole a los que menos tienen la oportunidad de alcanzar la ciudadanía social y económica que le dé sentido y sustento a la débil democracia que tenemos. Y una de esas herramientas más eficaces para alcanzar esta meta puede ser la de establecer una estructura fiscal progresiva, donde los que más tienen paguen más y quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad cuenten con más recursos para acceder a todos los derechos que constitucionalmente le están garantizados. Y esta opción es cada vez más ineludible, porque de seguir así el Estado municipal democrático nos seguirá pareciendo más una fachada que una realidad; como si se tratara de un Estado mínimo, que a costa del sacrificio de muchos pareciera tener como último fin asegurar el bienestar de unos pocos.

Villa Carlos Paz… ¿una ciudad para todos?

Por Prof. José A. Casas

Hace pocos días, leyendo los algunos de los principales medios de comunicación de nuestra ciudad, me surgieron algunos interrogantes acerca de una noticia que, seguramente, para muchos de mis conciudadanos fue pasada por alto, o bien no tuvo la misma trascendencia que le dio quien escribe estas líneas. La misma hacía referencia a la puesta en marcha, el pasado cinco de febrero, del ente mixto de promoción turística denominado CAPTUR (Carlos Paz Turismo). De esta forma, se procedía a cumplimentar una de las máximas propuestas por la Carta Orgánica, la cual preveía como meta de desarrollo turístico la creación de "un Organismo de Promoción Turística con carácter permanente, con el objetivo de impulsar, desarrollar, incentivar y ejecutar planes, programas, campañas y estrategias de promoción del turismo con las formas en que se desarrollan y nuevas a desarrollarse, integrando al sector público y privado". (1)

De acuerdo con los medios consultados, el objetivo central del organismo recientemente creado es el de "quebrar la estacionalidad", fin para el cual se dispondrá este año de un significativo presupuesto cercano a los 3 millones de pesos. Para cumplimentar con este propósito, uno de sus responsables señaló que "una de las claves es generar una agenda de eventos importantes". (2)

Si bien este tema de las acciones que se deberían llevar a cabo para hacer exitosas las premisas del CAPTUR podría, por sí solo, abarcar un extenso debate, no es éste, en fin, el factor que me lleva a hacer público mis interrogantes sobre la noticia descrita. Éstos tuvieron su origen a partir del momento en que llegué a informarme acerca de la composición de la flamante institución.

Retomando lo dispuesto en la carta jurídica municipal, el "Organismo de Promoción Turística" a crearse debería estar conformado por el "sector público y privado", aunque la normativa no llega a especificar a qué se alude con los términos "público" y "privado". En vista de ello, y de acuerdo con un informe provisto por un medio gráfico local, la administración del CAPTUR se conformó de la siguiente manera: "Director General: Carlos Azaretti (Secretario de Turismo); Director Administrativo y Control de Servicios Turísticos: Oscar Antonio; Coordinador Legislativo: Adrián Lizarriturri (Comisión de Turismo [del] Concejo de Representantes); Director de Relaciones Institucionales: Jorge Fernández Campón (Centro Comercial, Industrial, Profesional y Afines); Director de Eventos: Hugo Marconi (Asociación Hotelera); Director de Promoción: Pablo Sittoni (Cámara de Empresarios Teatrales)." (3)

Lo privado como bien de todos…

Al analizar la composición del organismo, enseguida me surgió un interrogante que no pudo ser respondido en el resto del informe consultado: ¿por qué no había, desde el sector "privado", ningún organismo, institución o representante de los sectores trabajadores, o quizás hablando un poco más abarcativamente, de los sectores populares de la localidad? Si esto no es así, pues que alguien diga dónde están representados en el CAPTUR los empleados gastronómicos, hoteleros, de la educación, por nombrar algunos. ¿Dónde están, por ende, en dicha organización los representantes de los centros vecinales, el Centro de Empleados de Comercio, el Sindicato de Empleados Municipales, entre tantos otros? ¿O es que no tienen derecho a voz ni voto en los destinos de la ciudad en la que viven, trabajan -y que con su esfuerzo se llevan a cabo las principales realizaciones de nuestra comunidad- la mayoría de los carlospacenses?

Pues bien, para nuestros políticos, y quienes forman parte del sector dominante de esta hermosa Villa Carlos Paz, es evidente que el concepto "privado" tiene un significado alejado de principios plenamente democráticos como, por ejemplo, "la participación activa de las mayorías" o "el derecho a que todos sean escuchados".

Estos sectores, que han tenido el buen suceso de difundir y obtener el suficiente consenso en buena parte de los habitantes de esta comunidad acerca de qué se habla cuando se menciona "lo privado", refieren al mismo como todo aquello que está ligado a los intereses que defienden quienes están vinculados al capital o algún campo de la actividad profesional, sin abarcar, por supuesto, a los individuos en relación de dependencia. Así, por ejemplo, al hacerse mención de los mismos en los principales mass media locales, es habitual ver cómo el sector privado se corporiza en los integrantes de organismos como la hotelera, los empresarios teatrales y gastronómicos, las agrupaciones de abogados, ingenieros u otras profesiones liberales, etc., expresando comúnmente sus demandas como representativas del interés comunitario. Aquí, una vez más, debemos soportar la bendita teoría del "derroche", la cual supuestamente nos "ilustra" acerca del beneficio que los trabajadores tendremos del enriquecimiento de los poderosos de siempre, y cómo tantas ganancias serán buenas para todos al estar atentos a recoger las migajas que ellos nos dejen atrapar al pie de sus opulentos banquetes.

Dicha teoría, por tanto, que tiende a justificar lo injustificable (la desigualdad social), sirve para legitimar el rol paternal de nuestra burguesía, la cual se cree con el derecho suficiente de decidir cuál debe ser el destino de la localidad, pues ellos son los que traen a la misma los beneficios (o el desarrollo, como se suele comúnmente nombrar este acto de filantropía por parte de sus propagandistas) que se "desparraman" por todo –o casi todo- el tejido social.

… y lo público como bien del Estado… ¡para lo privado!

Pero así como se habla de privado, y se lo da como entendido, parece que algo similar ocurre con el término "público". Evidentemente, y tal como quedó demostrado en la conformación del CAPTUR, éste se lo entiende como derivado exclusivamente de todo aquello referido con el ámbito del Estado municipal, sin hacer distinción con otras áreas de acción donde "lo público" también actúa, como, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles o barriales.

Desde ya, la aceptación implícita de los significados de estos conceptos no sólo restringe el reconocimiento y, por ende, la participación de otros sectores de la sociedad carlospacense, sino que también refuerza el vínculo entre el Estado municipal y la clase dominante local, constituyéndose el primero como la instancia jurídico-institucional necesaria para garantizar a esta última, una vez más, el aprovechamiento de los recursos económicos que se generan bajo el marco de producción y comercialización predominante.

En definitiva, una concepción tan limitada, sectaria y sumamente parcial de los conceptos "público" y "privado" sigue contribuyendo a que Villa Carlos Paz esté lejos de hacer realidad uno de sus lemas publicitarios más difundidos. Si esta tierra es "la ciudad de todos", no se ve por ninguna parte cómo todos estamos actuando o nos vemos representados en la misma. El CAPTUR es, por tanto, otro ejemplo más de que la tan promocionada "perla de las sierras" es ante todo el reducto de un reducido grupo que pretende, en la búsqueda de la satisfacción de sus apetencias sectoriales, hacernos creer que su proyecto de vida nos beneficia a todos, pese a que los que forman parte de ese "todos" deben resignarse a ser representados por tan "ilustradas mentes".

Notas

(1) Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz, consultada en: www.villacarlospaz.gov.ar

(2) "El Captur tiene clara su prioridad: Quebrar la estacionalidad", en: SEMANARIO LA JORNADA, Domingo 21 de febrero de 2010, Sección Actualidad, Pág. 7.

(3) Ibíd.