Somos los talibanes ecologistas

x Danilo Castelli


Es la madrugada del domingo 27 de enero y vengo de una marcha/festival ambientalista que se hizo en Cosquín, en paralelo al festival oficial (al cual le queda algo de popular, pero también tiene mucho de careta). 


Es muy motivador ver a artistas comprometidos con las luchas por la tierra, el agua, y la vida. Algunos de esos artistas, también tocaban en la Próspero Molina. Entre los números, se leían adhesiones de los colectivos ambientalistas presentes, la mitad de Córdoba y la mitad de otros lugares del país. Estuvo la gente de la asamblea de Malvinas Argentinas, que lucha contra la instalación de la planta de Monsanto, apoyada tanto por el gobernador De la Sota como por la presidente Fernandez (contrincantes para las cámaras pero aliados para lamer botas de las multinacionales). También se mencionó al Famatina que sigue resistiendo, a la gente de los pueblos fumigados, a la gente de Entre Ríos que lucha contra la venida del fracking, una nueva forma de saquear y contaminar realizada por la multinacional Chevron, que también viene de la mano del gobierno nacional. 


Hay un fantasma que recorre a Argentina y a América Latina, y es el fantasma del ecologismo. Este fantasma crece todos los años porque se compone de la gente que va despertando a la acción por las consecuencias socio-ambientales de la depredación y el saqueo de nuestra tierra. Este movimiento está compuesto por gente común, que trabaja, estudia, tiene hijos, etc. Pero como creemos que el agua vale más que el oro y los bosques más que la soja, somos hippies. Como a nosotros ya no nos pueden vender el cuento del progreso y hablamos de respetar y cuidar a la Madre Tierra, somos fundamentalistas. Como luchamos para proteger nuestros bienes comunes contra los intereses del agronegocio, del extractivismo, y del "desarrollo" inmobiliario, somos terroristas. Como sabemos sumar 2+2 y hacer generalizaciones a partir de lo particular en vez de dejarnos lobotomizar por los medios, somos fanáticos. Como somos críticos del modelo sojero/extractivista y de la civilización capitalista y somos partidarios de los derechos humanos y de la sustentabilidad, somos utópicos. 


Todos estos epítetos con los que se nos quiere ridiculizar, marginar, y presentar como cucos a la opinión pública son eufemismos. La realidad es que somos peligrosos, somos un mal ejemplo. Porque ellos quieren gente adormecida, resignada, que no piense, que no luche, de rodillas. Y nosotros le escupimos el asado :)

Las consecuencias anti-sociales de la pacatería sobre la prostitución

Por Danilo Castelli

Vengo de una charla que se hizo esta noche (organizada por el Ejército de Soñadores) sobre la nueva ley "contra la trata". Expusieron Liliana Montero legisladora provincial por el Frente Cívico, Carlos Vicente asesor jurídico del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, y Eugenia Aravena secretaria general de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) en Córdoba. De las exposiciones y el debate que siguió saco las siguientes reflexiones.

La "ley de trata" de Unión por Córdoba, aprobada por una Legislatura con mayoría levanta-manos, es un síntoma más de la política delasotista de hacer sacar leyes sobre temas sensibles (siempre guiándose con encuestas) en el marco de su proyección presidencial. Esta ley está lejos de desbaratar las redes de trata (que no podrían existir sin la complicidad de políticos, jueces y comisarios); su único efecto práctico es cerrar whiskerías y cabarets y empujar a las prostitutas más profundo en el mundo de la ilegalidad, a la merced de las mafias.

En Argentina hay una gran hipocresía social y política sobre el tema de la prostitución. El "abolicionismo" del Estado argentino funciona en los hechos como prohibicionismo, porque para para abolir efectivamente la prostitución es preciso eliminar o por lo menos reducir bastante las razones que llevan a una mujer o una persona trans a optar por la prostitución como estrategia de supervivencia: exclusión social y discriminación. El estigma moral que pesa sobre las prostitutas, a su vez, agrava aun más esta situación de exclusión social y discriminación. A esto hay que sumarle el hostigamiento permanente que reciben por parte de la policía las mujeres y trans que se prostituyen independientemente. Este hostigamiento las empuja a hacerse explotar por proxenetas a cambio de "protección". Exclusión social, discriminación, estigma moral, abuso policial, y reforzamiento del proxenetismo: estos son los únicos méritos del "abolicionismo" argentino (y lamentablemente algunas feministas "abolicionistas" le hacen el juego).

Quienes ponen un signo igual entre prostitución y esclavitud sexual no dicen o no tienen en cuenta que la trata de personas también se hace para la esclavitud laboral en minas o en talleres textiles clandestinos, y sin embargo a nadie se le ocurriría asociar trata de personas con minería o con la industria textil. Quienes mezclan trata de personas con prostitución están contribuyendo a invisibilizar la trata de personas para otros fines y en vez de aportar claridad aportan moralina.

Quienes se indignan con que las prostitutas se agremien y exijan ser tratadas como trabajadoras sexuales, contribuyen a reforzar el estigma social que pesa sobre las prostitutas (que, como dijo Eugenia, tienen que estar pidiendo perdón por existir todos los días) y son funcionales a quienes quieren seguir excluyendo su voz y voto de las políticas públicas que se les aplican. Quienes consideran a las prostitutas como víctimas que necesitan que las rescaten, están cayendo en una "discriminación positiva" y así impiden que sean consideradas como personas autónomas y sujetos de derecho.

Acepto que moralmente puede hacer algo de ruido considerar a la prostitución como trabajo, pero hoy no creo que haya una alternativa superadora para crear un marco legal que proteja a las personas que optaron por esa estrategia de supervivencia. AMMAR no fomenta la prostitución y es más: tiene programas propios para prostitutas que quieren dejar de serlo. Esos programas se los bancan ellas sin ayuda ni del Estado ni de las ONGs que se rasgan las vestiduras cuando escuchan o leen las palabras "trabajo sexual".

Apoyo la decisión del ejecutivo municipal y de algunos concejales de no adherir a esta estúpida ley provincial (que para colmo extiende las facultades represivas de la policía provincial y el anticonstitucional código de faltas, que es una legislación de apartheid), apoyo la gestión de AMMAR para una ley nacional que acabe de una buena vez con las injusticias derivadas de la hipocresía, y es necesario que se hagan muchas más actividades concientizadoras como ésta, pues vivimos en una cultura muy enferma de prejuicios e ignorancia (y sobre todo ignorancia voluntaria, no ignorancia por falta de medios).

Por último, también creo necesario reflexionar, como lo dijo la última vecina que habló, que esto sucedio porque De la Sota tiene una mayoría parlamentaria que le vota lo que quiere. El ex intendente Carlos Felpeto, siendo legislador de la UCR por Punilla, también votó a favor de este mamarracho. Estoy a favor de que la gente aplique más inteligencia a la hora de votar, pero esto también requiere construir una nueva alternativa política o reforzar las que ya existen.

La hipocresía del puritanismo cordobés

Por José Casas

En estos últimos días se acrecentó el debate público acerca del Proyecto de Ley sobre Trata de Personas y Explotación Sexual presentado a la Legislatura por el gobierno de José Manuel De La Sota. Siendo éste un flagelo social que afecta a numerosas mujeres, es sin dudas saludable que las autoridades provinciales se aboquen a dar solución a este gravísimo problema, el cual ha cobrado notable actualidad en parte debido a la lucha emprendida por Mariel Trimarco, madre de Marita Verón, secuestrada y aún hoy desaparecida por causa de los responsables de una red de trata.

Pero lo que es una legítima iniciativa puede, sin embargo, llegar a tener en la práctica efectos que no sólo no logren avanzar en este propósito, sino que además –y esto es mucho más preocupante- es muy posible que se desencadene un agravamiento del problema que se pretende erradicar. Esta última consideración que hacemos parte luego de que se conociera uno de los objetivos de la metodología implementada, el cual tiende a penalizar los lugares donde se ejerce la prostitución: “[…] clausurar en todo el territorio provincial las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, o establecimientos y/o locales de alterne y prohibir la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de los establecimientos mencionados, en toda la provincia.”

Por lo que se puede observar, queda claro la intención del gobierno provincial de asociar el fomento de la trata de personas para fines de explotación sexual con la actividad que se ejerce en sitios que, más allá de sus denominaciones, promueven la oferta de sexo por dinero. Es decir, el proyecto de ley aprobado por la Unicameral no disocia trata de trabajo sexual, lo cual contribuye a criminalizar no sólo a quienes -más allá de cómo se los llame (proxenetas, madamas, etc.)- disponen de la integridad física de aquellos que, en mayor o menor medida, se hallan desprovistos de su libertad de elección y/o movimiento, sino también a quiénes ejercen libremente su elección de comerciar el uso de su cuerpo. De esta forma, al no quedar claro cuál es la relación directa existente entre una y otra cosa, nos permitimos sospechar que, en el fondo, son otras las cuestiones que alientan este tipo de medidas. En efecto, es posible comprobar una cierta avanzada moralista y represiva detrás de una justa causa, abonándose de esta manera un terreno sumamente fértil sobre el que pareciera se quiere construir, en base a la legitimidad de origen de la causa, un determinado consenso para tratar de imponer a la sociedad determinadas pautas, valores e instituciones culturales que deben normativizar y controlar las disposiciones que tomamos sobre nuestros cuerpos. En este sentido, se pretende penalizar una de las formas posibles en que cada individuo puede, siendo natural y jurídicamente dueño de su propio cuerpo, introducirse en los diferentes campos o ámbitos de la sociedad que le permitan obtener recursos a través de la comercialización de su capital más valioso: su estructura corporal.

Varios investigadores han analizado cómo diversos grupos sociales llevan a cabo distintas actividades relacionadas con la comercialización de sus cuerpos. Una de las investigaciones más reconocidas es la que llevó adelante el sociólogo Loïc Wacquant sobre el oficio del boxeador, donde explica de qué forma estos deportistas se insertan en este campo laboral disponiendo de su propio medio de producción –su cuerpo- para obtener los bienes económicos necesarios para su subsistencia -y la de su grupo familiar, si lo hubiere-. Asimismo, esta disposición del cuerpo como mecanismo de obtención de recursos se da en numerosos ámbitos de actividad más allá de lo deportivo; por ejemplo, el campo teatral conocido como “el teatro de revistas” suele emplear a numerosas mujeres, cuyo mayor capital es la constitución de un ideal de cuerpo femenino que, en la medida que logran sobredimensionar aquellas partes del mismo relacionados con el deseo sexual, ello les permite ir captando cada vez más los recursos que pone a disposición el “mundo del espectáculo”. Esto, por supuesto, logra en gran parte explicar el fenomenal negocio de las cirugías estéticas que afecta a esta actividad, las cuales deben entenderse como estrategias de acumulación de capital físico sobre el principal medio de producción que tienen aquellas mujeres que logran, una vez reconocidas como protagonistas de este campo, ser consideradas bajo el estatus de “vedettes”.

Pero, y como ya lo remarcara Emma Goldman -una de las mayores defensoras de los derechos femeninos-, hay formas más veladas –y socialmente aprobadas- de utilizar el cuerpo como medio de ascenso social. Lo estético en sí constituye un valioso capital como medio de acumulación económica, muchas veces más preciado que la capacidad profesional, la experiencia y/o determinados valores asociados a la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad en la obtención de empleos, puestos jerárquicos y/o aprobación de recursos para diversos tipos de emprendimientos. En este punto, Goldman hacía referencia al matrimonio forjado por conveniencia, donde al estar ausente o relegado el lazo afectivo (amor) la decisión de la mujer –en una época donde los derechos femeninos se hallaban ampliamente relegados- estaba directamente relacionada con la posibilidad de alcanzar un determinado nivel de vida sometiendo su cuerpo a dicha institución. Mucho tiempo ha pasado y mucho por suerte se ha avanzado en los derechos de género, pero aún hoy sigue vigente –tanto para mujeres como para hombres- la posibilidad de ofrecer su capital físico como medio de alcanzar una calidad de vida imposible de acceder por diversas vías, sin que ello amerite la sanción social y, en ciertas situaciones, penal –como en el caso actual del gobierno provincial con respecto a la prostitución- de tales prácticas.

Entonces, es aquí donde nos preguntamos: ¿por qué se pretende criminalizar la actividad de quiénes, de forma libre y pública, deciden comercializar el uso de sus cuerpos sin ser forzada/o a ello? ¿Qué otras razones puede haber tras la clausura de aquellos lugares que visibilizan la oferta de sexo por dinero, y que justamente allí es donde mejor se puede ejercer el control sobre la actividad, defendiendo los derechos de quienes ejercen el oficio de la prostitución libremente y reprimiendo a aquellos que se apoderan de los cuerpos de quienes no optaron por esta actividad?

Intenciones últimas

Como vemos, el proyecto elaborado por el Ejecutivo provincial tiene como una de sus máximas aspiraciones la penalización de los lugares donde se materializa de forma visible el comercio sexual. En vista de ello y de los argumentos que se han expuesto, es que uno se pregunta: la criminalización de la prostitución visiblemente ejercida, ¿es un medio para combatir la trata, o bien la lucha contra la trata es un medio para combatir, como fin último, una forma de ejercer la prostitución? Y si así fuese, ¿qué objetivo político último tendría consigo este proyecto?

No hace falta ser un erudito en ninguna ciencia social para darse cuenta que hay numerosos casos en la historia de la humanidad en donde este tipo de sanción penal contra una actividad social relacionada con lo que una literatura puritana ha solido denominar como “vicios” del cuerpo, ha fomentado el agravamiento del problema que supuestamente se quería abolir. No hay que adentrarse tanto en el tiempo para recordar la famosa “ley seca” sancionada en Estados Unidos, que pretendió terminar con el flagelo del alcoholismo. Las consecuencias que tuvo esta medida abolicionista fue el desarrollo de una amplia red ilegal que funcionó gracias a la colaboración entre las mafias y la corrupción política y policial, la que además de no dar ningún tipo de solución al respecto, agravó el deterioro cultural de la sociedad estadounidense.

Pero no sólo hubo ley seca para el comercio del alcohol; también hubo leyes que muchos puritanos norteamericanos lograron aprobar para prohibir las casas de meretrices, en función de resguardar la “salud moral” de la población. También, en este caso, el remedio fue peor que la enfermedad, pues como señala Emma Goldman ello alentó el comercio ilegal y la trata de mujeres para su explotación sexual: “Las pupilas antes relativamente amparadas en los meretricios, por representar ellas cierto valor monetario, se encontraron en la calle como presas indefensas en las manos del policía groseramente codicioso. Desesperadas, necesitando que alguien las protegiera amándolas, les fue muy fácil caer en los brazos de los proxenetas, uno de los productos más genuinos de nuestra era comercial. De ahí que la modalidad social del proxenetismo no fue más que una excrecencia natural de las persecuciones de la policía, de las bárbaras puniciones y el intento siempre frustrado de suprimir la prostitución. Sería absurdo confundir esa faz moderna de los males sociales con esta última.”

Goldman, quien además debía luchar contra los prejuicios machistas que caracterizaban el movimiento libertario, expuso como poco/as las razones últimas de las elecciones que llevaban a cada mujer a optar por lucrar con su cuerpo. De acuerdo a sus argumentaciones, esto era parte del mismo proceso de explotación capitalista, que ofrecía a mujeres en situaciones de fuerte vulnerabilidad mayores dividendos a través de este tipo de actividad que la mísera remuneración que obtenían a través de largas y extenuantes jornadas de trabajo –siempre que se pudiese acceder al mismo-. Para miles y miles de trabajadoras estadounidenses, en una época donde la mujer era considerada como un ser inferior al hombre, su cuerpo terminaba siendo la mejor opción de supervivencia y de alcanzar un mejor nivel de vida. En estos casos, la suerte dependía de lo que más se apreciaba en ella, su capital físico-estético; por ello, las vías posibles de salida de la marginalidad y la precariedad e inseguridad laboral eran el matrimonio o la prostitución institucionalizada.

Esta argumentación, que entiende la práctica del meretricio como estrategia de supervivencia para muchas mujeres que se encuentran en contextos de pobreza estructural, sigue siendo tan actual como en esos tiempos, en medio de una sociedad que, pese al mejoramiento de los índices socioeconómicos en esta última década, sigue siendo en muchos aspectos marcadamente desigual, no sólo a nivel de ingresos, sino también de derechos de género. En este aspecto, y tal como lo demostró un estudio de la Fundación Ciudadanos 365 [ver La Jornada, edición domingo 26/II/2012], en Villa Carlos Paz, por ejemplo, todavía subsisten desigualdades en el acceso a bienes que van en contra de la población femenina: “La tasa de empleo entre los hombres concentra los mayores porcentajes (valores entre 90 por ciento y 95 por ciento) entre los 25 y 54 años, mientras que en las mujeres se los observa (valores cercanos al 70 por ciento) entre los 25 y 49 años.”

Sin embargo, esta relación entre pobreza y prostitución no ha sido tenida en cuenta por el gobierno. Como lo han denunciado las integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en Córdoba, a través de este tipo de medidas el gobierno provincial desconoce a quienes practican la prostitución de forma libre como trabajadoras, en plenitud de ejercer sus derechos como tales. Tal como sostiene el politólogo Eduardo Avalle, “[…] es un sector que se organiza y reclama por sus derechos. Ha expuesto a la sociedad que la prostituta tiene hijos que alimentar, una casa que mantener, tiene horarios laborales, uniformes de trabajo, prácticas sanitarias, condiciones de salubridad, se educa, se forma y organiza como cualquier otro trabajador.”

Todas estas consideraciones, por desgracia, parecen estar ausente dentro de un proyecto que, siguiendo los parámetros que este gobierno ha establecido sobre cómo velar por la seguridad de los ciudadanos, tiende a hacer prevalecer lo represivo por encima de cualquier medida preventiva. De este modo, al no hacerse cargo de su ineficacia como agente promovedor del desarrollo social que impida la denigración que significa asumir este tipo de prácticas, el Estado opera el traslado de la responsabilidad por esta situación hacia la sociedad, utilizando una cuestión de alta sensibilidad popular (la trata) que, mediante hábiles estrategias propagandísticas que eluden un análisis profundo y crítico del tema, le posibiliten lograr el apoyo social necesario (acumulación de capital político) para seguir legitimando la continuidad de su proyecto de gobierno. En efecto, la prostitución, como la inseguridad y el narcotráfico, son flagelos sociales que según la gestión delasotista están lejos de su responsabilidad, por lo que sus causas son atribuibles a aquellos individuos que “optan” por la vía de la ilegalidad. De nuevo, y como ya lo expresáramos en un trabajo anterior, el argumento oficial se basa en el más puro individualismo metodológico, el mismo que se utiliza desde cualquier marco referencial ligado al neoliberalismo para dar explicar el éxito o fracaso en la inserción social de los individuos.

Y es aquí, precisamente, cuando acuden otras interpretaciones que ayudan a consolidar esta clase de posicionamiento político. Así como Claude Meillasoux demostró que en épocas de crisis económicas los Estados del primer mundo toleran –y, en muchos casos, fomentan- la acción de grupos de extrema derecha que exigen y llevan a cabo actos violentos contra los inmigrantes para que se vayan del país como método de control del desempleo y desviación de las causas reales de tal estado de situación (algo que se ve perfectamente hoy en Europa), en la Córdoba actual el recurso al puritanismo –y, con ello, el apoyo que se obtiene de los grupos que se identifican con este principio- que apela el gobierno como medio de combatir la trata parece ir en línea con un proyecto político que, tras las aparentes buenas intenciones, invisibiliza las inequidades de un orden socialmente injusto, terreno fértil desde el cual se fomenta este tipo de prácticas. Por ello, tendemos a creer que más que combatir la trata, lo que en verdad se pretende a través de este proyecto es ejercer un mayor control social sobre la población, lo cual fortalece el proceso que se viene verificando de una mayor injerencia del aparato represivo del Estado como mecanismo de resolución de los conflictos sociales. En este sentido, pues, trata y prostitución son la misma cara de una moneda que cae siempre del mismo lado.

En definitiva, esto quizás justifique lo que la historia misma una y otra vez nos ha mostrado: la segura derrota de quienes buscan remediar los problemas sociales enfrentando las consecuencias y no sus causas. Porque más que buscar la definitiva solución, la represión como respuesta política sigue demostrando no sólo la incapacidad de hacer cumplir los derechos que todo habitante tiene garantizado constitucionalmente, sino también la pervivencia de un proyecto político que no se cansa de castigar a quienes se hallan en los límites o decididamente afuera del sistema, despojándose de toda culpa al transferirle a ellos mismos la responsabilidad de los males sociales que lo afectan. De esta forma, el neoliberalismo cordobés sigue su marcha, bajo el manto populista de medidas descontextualizadas que logran un gran sustento político mediante el hábil recurso de eslóganes y campañas mediáticas de fuerte impacto emocional, cuyo fin último es nublar cualquier atisbo de reflexión crítica que cuestione la efectividad real de tales disposiciones.

Por una respuesta integral

La trata, repitámoslo una vez más, debe ser condenada y combatida; pero, cuando sabemos de antemano que las medidas que se proponen lejos van a estar de dar respuesta a esta demanda, es nuestra obligación no callar y alentar la toma de medidas de fondo que vayan a la raíz del problema. Como ya dijimos, el velo puritano que envuelve el cierre de los locales donde se lleva a cabo el comercio sexual muy lejos está de ser una medida efectiva para poner fin al tráfico sexual femenino; todo lo contrario, su aplicación va a empeorar la situación de muchas más mujeres, que se encontrarán sometidas a una práctica realizada al margen de la legalidad, fuera del control del Estado y hallándose en manos de las futuras redes mafiosas que controlen el comercio ilegal de la prostitución. Será entonces cuando el reino de la hipocresía se imponga una vez más, donde funcionarios y una ciudadanía cómplice se regocijen de creer que al no verse esos sitios de “perversión”, hayan logrado que tanto la prostitución como la trata se transformasen en un nefasto recuerdo. Mientras tanto, en los lugares más oscuros de esa parte de la sociedad que se niega a reconocer, el grito desesperado de las mujeres esclavizadas se perderá como nunca en el más doloroso espacio vacío, mil veces negado por un Estado que las condena y mil veces olvidado por una comunidad que prefiere creer en las promesas de un “mundo feliz” sin fantasmas que la atormenten.  

Los candidatos a gobernador de Córdoba y el medio ambiente

[por Danilo Castelli]

Finalmente leí todas las propuestas sobre medio ambiente de los candidatos a gobernador de Córdoba.

En las elecciones nos vemos obligados a optar por una de las propuestas presentadas. Pero fuera de la urna, tenemos la opción –si tenemos la inteligencia y el tiempo para ello- de tomar lo mejor de cada propuesta y armar una síntesis superadora. Eso es lo que intento hacer aquí.

De la mejor a la peor:

La propuesta del Frente de Izquierda de los Trabajadores es la que mejor explica cuales son los intereses que se benefician con el actual desastre ambiental, pero sus propuestas de cómo combatirlo, si bien son las que solucionan el problema de raíz (control de los trabajadores y los usuarios en las instituciones estratégicas para el desarrollo provincial), son inaplicables en este contexto de inconsciencia, pesimismo y apatía. Son medidas revolucionarias en un contexto que es menos que reformista.

La propuesta dela Coalición Cívica-ARI me sorprendio de muy buena manera. Tienen la posición correcta en todos los items y además de proponer la intervención del Estado abren el juego a la participación ciudadana. Pero a diferencia del programa anterior no hablan de control, y parecen creer que todo se resuelve con una legislación correcta y diálogo entre el saqueador y el saqueado. No hay ni una mención de los intereses contra el desarrollo sustentable y cómo se los neutralizaría.

Se ve que la gente del Frente Cívico hizo la tarea en cuanto a preparar un discurso verde, pero no dice nada de la participación ciudadana y de ONGs en las políticas ambientales.Además, también parecen pensar que la cosa se soluciona creando más Comisiones gubernamentales. Por último, tener en cuenta que a esa fuerza pertenecen legisladores como Rodrigo Serna que votaron a favor de la ley de desmonte de Cartez, la Sociedad Rural, y la Cámara Minera, lo cual no es un muy buen antecedente.

La propuesta de la UCR es directamente vomitiva. Su lenguaje tecno-burocrático ya anticipa a las claras cual es su pensamiento positivo sobre la política ambiental: seguir con el actual modelo de desarrollo pero despilfarrando menos recursos naturales (tenidos en cuenta como recursos para el agro). La parte donde dice que hay controversia sobre los plaguicidas y sobre la ley de bosques. Qué se puede esperar de una fuerza política cuyo candidato es un amigo de los milicos.

La propuesta de Unión Por Córdoba debe ser tan pedorra –o poco creíble- ¡que ni siquiera estaba!

Concluyendo:

El texto del FIT es el único que está a la altura de las circunstancias en cuanto a análisis crítico de la situación y de los intereses a favor y en contra del desarrollo sustentable, y la necesidad de que la población se movilice en defensa de sus intereses y que incluso tenga un papel de control sobre el desarrollo socio-económico. El equivalente a controlar esfínteres en política es saber ver la relación entre el poder político y el poder económico.

El texto del ARI tiene la perspectiva institucional más deseable si todo lo que hiciera falta fueran buenas leyes y que hubierabuena gente en el gobierno.

El texto del Frente Cívico tiene una perspectiva de gestión más realista (quizás demasiado).

El texto de la UCR sólo sirve para conocer el pensamiento del enemigo.

En cuanto a legisladores, no tengo duda que voy por el FIT con Liliana Olivero.

En cuanto a gobernador, sigo vacilando entre votar a Juez por táctica o al FIT por principio. Me da reticencia votar a Juez porque por ahí se caga en lo prometido, pero si ganan De la Sota o Agua ya sabemos qué van a hacer. Si supiera a quién pondría Juez en Medio Ambiente y en Recursos Hídricos podría decidir mejor. ¿Alguien sabe?

La misión cumplida de Raúl Costra

[por Danilo Castelli]

Raúl Costra, de la Secretaría de "Ambiente" (léase Soja, Desmonte y Descontrol Inmobiliario), mandó una vergonzosa pieza de propaganda donde se presenta a sí mismo y a su Secretaría como poco menos que la Greenpeace de la provincia.

¿Puede haber tamaña cara de fierro? Desde hace semanas que en múltiples medios, provinciales y nacionales, ha salido esta triste noticia: "Por la soja, Córdoba perdió el 85% de bosques". Hasta en Ámbito Financiero está la nota, y nadie puede sospechar que este medio sea ni ecologista ni defensor de los intereses populares.

No sólo este tipo es parte de un gobierno que hizo el mamarracho de convertir a la ley de bosques de la COTBN en una ley de desmontes favorables a la escoria sojera; no sólo presiona para que la ley de minería de Córdoba, que nos protege de la minería a cielo abierto y de la minería de uranio (recordar la mina abandonada de Los Gigantes), sea declarada inconstitucional; a este tipo también lo conocemos por haber puesto los ganchitos detrás de los emprendimientos inmobiliarios ilegales en Punilla, que por su carácter dañino para la gente que habita Punilla y su medio ambiente no podrían sobrevivir una evaluación ambiental, y por eso mismo se pasa esa instancia por encima.

A Raúl Costra lo conocemos bien en su rol cómplice en la construcción de la planta ilegal de EPEC, en terrenos donados por GAMA, al lado del barrio Sol y Río. Pero este tipo también está detrás de la sequía del Arroyo San Antonio por culpa, entre otros, del Carlos Paz Golf Country Club, que difundía muy orondo en su sitio Facebook como regaba sus pastos a todo culo.

Entonces, que este tipo salga a decir "misión cumplida" es un chiste de mal gusto. Es la soberbia que sólo puede venir de la mano de la imunidad. Impunidad que, esperemos, se les termine a estos tipos algún día cuando la masa del pueblo deje de estar arrodillada o mirando la tele.