José A. Casas
Profesor en Historia
El actual modelo turístico-rentístico
Cuando se habla de consensos en nuestra sociedad, uno de los paradigmas que emergen sobre el trono de lo indiscutido es el modelo turístico-rentístico sobre el que se sostiene la estructura socioeconómica de la ciudad. Sus orígenes históricos se remontan a un proceso iniciado gradualmente entre las décadas de 1910 y 1920, y consolidado en los años siguientes a través del fabuloso negocio de la tierra que posibilitó la afirmación de una poderosa burguesía comercial urbana y turística. Esta burguesía, que reemplazó como sector dominante a la burguesía rural de las grandes estancias, cimentó su posición en base a las actividades de servicios (hotelería, gastronomía, comercio) y la construcción; esta última permitió, a su vez, la emergencia de un grupo con gran peso en nuestra comunidad como el inmobiliario, cuyo factor de crecimiento se ancló desde entonces, fundamentalmente, en lo producido por la renta de los bienes inmuebles. De esta manera, la profunda y vertiginosa transformación que significó para la sociedad carlospacense su conformación como centro urbano estuvo ineludiblemente ligada al predominio de un modelo económico centrado en el turismo, sector cuyo dinamismo y capacidad de influencia política le permitió a sus principales actores sentar las bases de un proyecto verdaderamente hegemónico.
Básicamente, la hegemonía del sector turístico y rentístico se define por la gran preeminencia de un sector económico por sobre el resto, en un porcentaje tal que, de acuerdo a las cifras que han dado algunos de los pocos estudios que se conocen, alcanza para caracterizar a dicho modelo como virtualmente monoproductivo (de acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable de Villa Carlos Paz presentado en el año 2009, el sector de servicios participa en el 82,76% del producto). Dicha preeminencia, además, se ha consolidado políticamente a través de una superestructura jurídico-institucional que, en su máxima expresión constitucional, ha definido a la ciudad como turística, de acuerdo al artículo 10 de la Carta Orgánica Municipal (COM). Esto es, a través del mandato de la COM -es decir, de forma jurídica y no sólo de hecho, como había pasado hasta entonces- el municipio ha debido seguir estructurándose institucional y económicamente en función de cumplir con este precepto nuestra carta magna local. Por ello, no debe sorprendernos que la configuración de los organigramas y presupuestos de los últimos gobiernos municipales sigan al pie de la letra el apuntalamiento de este modelo. Las importantes sumas destinadas a la secretaría de turismo y al CAPTUR, así como la tasa del 10% de promoción de turismo que pagamos todos con el impuesto que incide sobre los inmuebles, son un claro ejemplo de un aparato de poder político que tiene, en este sentido, una marcada direccionalidad en sus acciones.
Pero el mayor apoyo del Estado local está más en lo que deja hacer que en lo que hace. Más que las medidas y acciones que el municipio establece a favor de la hegemonía del modelo turístico-rentístico –las que a veces, incluso, pueden dirigirse en contra, debido por ejemplo a la acción ciudadana a favor de una mayor democratización de determinadas políticas municipales-, lo que más favorece a este último es la posibilidad de aprovechar sus “ventajas comparativas” en un contexto donde el Estado deja que el mercado decida qué sectores o grupos sociales obtendrán una mayor porción del producto interno. En este contexto, el mayor capital político, económico, social, cultural y hasta simbólico de los grupos dominantes locales les permite, en un marco de casi virtual ausencia de mediación estatal, captar la mayor parte de la riqueza social producida, lo que les asegura además el privilegio de acceder en forma más ventajosa que el resto a los bienes materiales e inmateriales más indispensables: tierra, vivienda, salud, educación, seguridad, justicia, etc.
Sus efectos económicos y sociales
Ahora bien, así como el modelo turístico-rentístico carlospacense presenta -como en todos los sistemas monoespecializados- en condiciones de funcionamiento óptimas importantes beneficios a la comunidad (cuyo mayor o menor alcance depende de los mecanismos de asignación de los recursos implementados), también origina una serie de dificultades y consecuencias sociales cuando dichas condiciones se atenúan, deterioran o bien desaparecen. Y los habitantes de esta ciudad conocemos muy bien estos procesos. Durante la temporada de verano –que se extiende dos meses, entre enero y febrero- la masiva concurrencia de turistas representa una formidable masa de divisas que entran a Villa Carlos Paz. Es el momento del año cuando se da la plena ocupación laboral, que posibilita la concurrencia de otros beneficios públicos, como el momento de mayor pago de impuestos y, con ello, el reforzamiento del fisco municipal para atender las múltiples demandas ciudadanas.
Sin embargo, tras el apogeo del verano, las expectativas turísticas se ven dramáticamente reducidas durante la “temporada baja”, quedando las mismas reducidas a las posibilidades que ofrecen en ciertos momentos del año determinados feriados o las vacaciones escolares de invierno. Si bien esas fechas brindan un refugio ante el larguísimo y duro “invierno” local, lo hacen con una intensidad y unos efectos mucho menores que los de la época estival. Por ende, en esos meses el panorama cambia abruptamente: se dejan sin efecto numerosos de los empleos semi-formales ofrecidos en el verano, razón por la cual familias enteras deben buscar otras oportunidades de supervivencia, que varias de ellas encuentran en los trabajos informales. Otras, menos afortunadas, sufren el flagelo de la desocupación o subocupación, mientras que otra parte de esa mano de obra desocupada trata de insertarse en el empleo público, o bien encontrar en la gran urbe próxima –Córdoba- un trabajo o emprendimiento más estable y seguro que el ofrecido en la temporada veraniega.
Estos desajustes económicos traen consigo, asimismo, profundas desarticulaciones sociales. La falta de certidumbre en el presente y futuro de los grupos familiares golpea muy duro en las relaciones de sus integrantes. El estrés provocado por la carencia de dinero, sumado a la imposibilidad de planear un futuro a mediano y largo plazo, va desgastando la convivencia y esperanzas de muchas familias. En ese contexto, las vías de escape a esa dura realidad contribuyen a provocar la desintegración de numerosas de esas unidades sociales, cruzadas por las separaciones, la violencia familiar y el flagelo de las adicciones, entre otros factores.
Por otra parte, la carencia de recursos también alcanza un fuerte componente político, pues deja a muchos ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad ante las acciones clientelares de ciertos políticos de turno, que tratan de convertir de esta manera la necesidad de la gente en capital electoral. En síntesis, la hegemonía del modelo turístico-rentístico que el municipio contribuye a consolidar y expandir trae consigo, más allá de sus beneficios puntuales y temporales, profundas consecuencias sociales y políticas, donde los sectores dominantes de este campo económico, a través de diversos mecanismos formales e informales, logran concentrar la riqueza generada por el trabajo, mientras que gran parte de la población trabajadora debe padecer de diversas maneras la falta de una mayor y justa redistribución de ese ingreso que su trabajo y dedicación ayudan a capitalizar. Sin embargo, la injusta distribución del ingreso generado no es el único ni principal factor de este modelo.
Las desventajas del modelo monoproductivo
Diversos y numerosos estudios sobre el impacto que tuvo en América Latina la crisis desatada como consecuencia del crack de Wall Street a fines de 1929, han remarcado que las economías más golpeadas de esos países fueron aquellas que se hallaban escasamente diversificadas. En la mayoría de los países de América Central, el predominio de la monoproducción -en un contexto de globalización capitalista donde se hallaban insertos sus aparatos productivos y comerciales- los hizo sumamente vulnerables a los virajes en la demanda externa, pues no había otros sectores que tuviesen el mismo dinamismo para poder compensar la caída del sector dominante en determinados contextos, el más grave de todos iniciado a principios de los años ‘30. En cambio, economías más diversificadas, como las de Argentina, México y Brasil, pudieron enfrentar esta crisis en mejores condiciones, incluso aprovechando la misma para fortalecer otros sectores con menor desarrollo, como el industrial. Fueron los tiempos de los procesos de industrialización por sustitución interna (ISI), a partir de los cuales se empezaron a sentar las bases del futuro Estado de Bienestar que se instaló en esos países pocos años después y que significó la ampliación de la ciudadanía política, económica y social de las clases populares hasta entonces relegadas.
Teniendo en cuenta esto, vemos –y lo hemos comprobado más de una vez en las últimas décadas- que el cuasi monopolio turístico que tenemos en Villa Carlos Paz se halla expuesto, por las características de su orientación al mercado interno, a los vaivenes del panorama político y económico nacional (y, en menor grado, provincial). Por experiencia propia, sabemos que en épocas de bonanza económica, ese mercado interno se moviliza masivamente hacia los principales centros turísticos, generando grandes movimientos de dinero que son aprovechados por la población de estos lugares (como pasó en las últimas temporadas en Villa Carlos Paz). Pero, cuando llegan los tiempos de “vacas flacas”, la necesidad de ajustar los presupuestos familiares empiezan por los gastos considerados como no urgentes, y allí, para desgracia de las localidades turísticas, uno de los primeros afectados son los recursos destinados al tiempo de ocio y recreación. Son los momentos en que aparecen las temporadas flojas, que hacen que el largo invierno sea percibido y sentido más extenso que el que le sigue a un “buen verano”. Con menos trabajo e ingresos, las dificultades económicas de las familias trabajadoras se acentúan, así como los efectos antes descritos.
Pero así como la inestabilidad política y económica afecta al desarrollo turístico, también recae fuertemente sobre el campo de la construcción y el aprovechamiento rentístico de las edificaciones ya consolidadas. Por estos días, ya se pueden ver las consecuencias de un menor crecimiento de la actividad económica, que afecta en primer lugar a las fuentes de trabajo directo que origina esta actividad, y que de seguir proyectándose hacia los meses siguientes repercutirá decididamente sobre la oferta de alquileres y compra-venta de propiedades raíces, tal como ya ha ocurrido en las épocas más críticas de nuestra historia.
Y aquí es que entra en consideración el problema de la monoespecialización turística-rentística. Porque, justamente, la debilidad de los restantes sectores productivos locales hace que éstos no puedan convertirse en motores que atemperen el impacto negativo de una mala temporada. En el caso de la limitada industria existente, al encontrarse ésta tan vinculada a la demanda turística no puede evitar los efectos de esos períodos críticos; mientras que el resto de las actividades productivas alcanzan tan reducida escala, que pese a que muchas de ellas no necesariamente están ligadas a las fluctuaciones del principal motor de la economía local, no llegan a presentarse como una alternativa que satisfaga la demanda de trabajo y servicios que genera el modelo hegemónico vigente.
Abramos el debate para generar una alternativa
En definitiva, la economía local, al centrarse mayoritariamente en el campo turístico-rentístico, se encuentra fuertemente expuesta a las oscilaciones externas de las que depende su funcionamiento –y a las cuales no controla-. Si bien la proximidad del gran mercado de trabajo y oportunidades comerciales que es la ciudad de Córdoba atenúa el impacto negativo antes descrito, el propio empuje urbanístico y demográfico que caracteriza a nuestra ciudad sigue exponiendo la fragilidad e inestabilidad del modelo económico imperante. Cada año, cientos de nuevos habitantes se agregan al entramado poblacional de Villa Carlos Paz, de los que un porcentaje apreciable se incorporan a la demanda por el cumplimiento de los derechos cívicos previstos en la Carta Orgánica de la ciudad. Trabajo, vivienda, servicios públicos, educación salud, etc., son parte de las principales preocupaciones de los ciudadanos, muchos de los cuales lejos están de poder acceder al legítimo goce de los mismos (basta dirigirse a los medios de comunicación locales y comprobar esta aseveración). Esa imposibilidad, como vimos, está directamente ligada a una estructura productiva y comercial que prioriza la acumulación sobre la redistribución, en el marco de un Estado local que deja en manos del mercado la asignación de los recursos producidos por el trabajo de los carlospacenses.
Por ello, más que nunca se hace necesario un debate profundo sobre el presente y futuro de la estructura productiva local, que logre superar las principales deficiencias de la misma: monoespecialización, excesiva concentración de la riqueza, precariedad laboral, desempleo, un negativo impacto ambiental, y las consecuencias sociales y culturales de todas ellas (violencia familiar, adicciones, marginación, criminalidad, falta de identidad). En el proceso de construcción de esa alternativa, el debate debe ser lo más amplio y democrático posible, teniendo presente que ese nuevo modelo socioeconómico debe ser pensado para toda la población. Y, con esa meta principal, se pueden fijar los principales ejes de acción, como la diversificación productiva, una mayor redistribución de los ingresos, una estructura impositiva progresiva, el fomento al trabajo local, y la sustentabilidad ambiental. La ciudad no sólo está compuesta por los grupos más encumbrados del campo turístico y rentístico, sino por un conjunto amplio de sectores vinculados al trabajo en sus múltiples formas.
Retomando la Carta Orgánica Municipal, tenemos que tener presente que son varios los artículos que hablan de un desarrollo socioeconómico y socioambiental que posibilite el pleno cumplimiento de los derechos constitucionales de todos los carlospacenses. En ese camino por seguir, que es un deber y no una opción, la construcción de un modelo productivo diversificado, sustentable e inclusivo, es una meta imposible de seguir dejando de lado. No debemos olvidar que un Estado que se autoproclama democrático deja de cobrar sustento como tal cuando una buena parte de su población está desprovista de acceder a una vida digna y en respeto a los derechos humanos más elementales. Por ende, construir y aplicar las herramientas que hagan realidad el mandato de nuestras normas constitucionales no sólo conllevará al bienestar público, sino que también contribuirá a otorgarle contenido a esa DEMOCRACIA que tanto dolor y esfuerzo nos costó conseguir.
